Mientras el director ejecutivo de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, Charles Hey Maestre, advierte sobre el efecto directo que tendrá para la ciudadanía los recortes federales que se avecinan, varios clientes de la entidad manifestaron a NotiCel su preocupación.

De acuerdo a Hey Maestre, en la Isla hay aproximadamente 1.7 millones de personas que cualifican para recibir la asistencia legal de Servicios Legales, pues se considera que viven bajo los niveles de pobreza. Al año, Servicios Legales impacta a 150 mil personas.

El perfil de los cliente de Servicios Legales es variado. Sin embargo, destacó que ‘es triste, pero es una realidad innegable, que la pobreza tiene cara de mujer en Puerto Rico. El 70 por ciento de nuestra clientela son mujeres. Muchas de ellas son madres solteras o jefas de familias. En los casos comunitarios muchas veces las mujeres son las líderes de esa comunidades’.

Un promedio de 4 de cada 10 casos que atiende Servicios Legales son casos de familia, entiéndase por pensiones alimenticia, divorcio, violencia doméstica y adopción.

José Ayala Pérez, aquí junto a su mamá María, fue rescatado por Servicios Legales delhacinamiento que el Departamento de Educación tiene en el sector de educación especial.

Una de las mujeres que ha recibido el servicio es María Pérez, quién aseguró tuvo una excelente experiencia recibiendo la ayuda de Servicios Legales.

Esta narró que estuvo dos años batallando sola porque su hijo, quién es estudiante de Educación Especial, no recibía por parte del Departamento de Educación la ubicación adecuada para su condición.

Luego fue asistida por la licenciada Josefina Pantojas de la oficina de Servicios Legales, logrando que el pasado marzo se le diera la ubicación adecuada a José Ayala Pérez, de 9 años, quién padece de retraso mental level y es epiléptico, entre otras condiciones.

‘Entiendo que es una buena oficina, que como todo lo precario que está pasando el país, le siguen quitando fondos a todas las agencias, y va a terminar esto en un caos, que no debería de ser porque ellos prestan servicios con la mejor devoción de ellos de ayudar y poder lograr lo justo’, opinó.

‘Sino es por la ayuda de esta oficina yo creo que yo estuviera todavía en la misma laguna que estaba, en mi caso sin poderle dar una educación, porque mi nene estaba en mi casa… hasta que pudimos lograr lo que se recomendaba para él’, apuntó

‘Él estuvo como 6 a 8 meses vagando en un salón como un florerito porque era él sin recibir lo que él necesitaba, porque no sabían dónde lo iban a ubicar’, detalló.

Por su parte, Aracelis Flores, quién también fue asistida por la licenciada Pantojas, catalogó como ‘muy bueno’ el servicio que recibió su niño de 12 años, también estudiante de Educación Especial.

Jorge Luis Marcano tiene 12 años y es autista, y Flores tuvo que luchar desde que éste tenía 3 años para que recibiera la ubicación adecuada para su condición.

La mujer afirmó que ‘el Departamento de Educación viola los derechos constantemente, y no hay buena ubicación para nuestros niños’.

Sobre el recorte de fondos que se avecina dijo que ‘me sentí triste porque nuestros niños necesitan esa asistencia legal, porque muchos padres no tenemos los recursos económicos’, por lo que advirtió muchos se verían afectados.

Por su parte, Edwin Serrano, también lamentó el recorte de fondos. En su caso narró que desde el 1988 la comunidad La Tea en San Germán llevaba un caso contra la empresa Cantera Las Lomas.

Aquí, parte de la junta de la comunidad La Tea de San Germán. Servicios Legales fue vital en hacer justicia en una pugna de casi 20 años.

Pese a las querellas entabladas, el Departamento de Recursos Naturales no intervenía y solo quedaba en investigación las alegaciones. Desde el 2008 comenzaron a recibir la ayuda de Servicios Legales logrando que en el 2011 se cerrara el caso en favor de la comunidad. De hecho, la empresa que fue señalada por irregularidades por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por siglas en inglés), se vio forzada a cerrar sus puertas.

La empresa Cantera las Lomas cerró tras ser referida a la EPA.

A su juicio con estos recortes de fondos el Gobierno sigue ‘poniéndole más impedimento a las comunidades. Es cuesta arriba para el pueblo, si Servicios Legales no cuenta con el personal para atender estos casos’.