El PPD y el PNP están de acuerdo en muy pocas cosas. A esa cortísima lista ahora podemos añadir el que ninguno de los dos quiere que usted sepa quiénes le financian las campañas políticas.

A última hora, en la pasada sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, los legisladores de mayoría y minoría acordaron aprobar la Ley 135, que enmienda la Ley 222 de Fiscalización del financiamiento de las campañas políticas, para que tengamos que esperar 90 días antes de que los informes de donativos a los candidatos y partidos puedan hacerse públicos.

Así las cosas, en un año electoral como el que corre, desde agosto esta información no estará disponible hasta después de las elecciones de noviembre cuando ya los candidatos y los partidos hayan sido electos.

El secreteo no es nuevo

Esta práctica de falta de transparencia no es nueva. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tuvo que acudir a los tribunales para obtener copia de los informes radicados por los candidatos previo a la elección del 2008. No fue a hasta mediados de 2012, tres años después del reclamo ante las cortes, que la CEE hizo públicos tales informes.

Durante este periodo prelectoral, la excusa de la Oficina del Contralor Electoral, figura de reciente creación y ahora a cargo de estos documentos, ha sido la mudanza a sus nuevas oficinas fuera de la CEE.

Como otra forma de tratar de obstruir el flujo de la información el Contralor Electoral impidió al CPI la utilización de un escáner para sacar las copias de informes en su poder y evitar así el oneroso costo de las copias. La inexplicable, e inexplicada decisión, se basó un reglamento que nunca se mostró y en la decisión unilateral del Contralor Electoral, Manuel Torres.

La papa caliente

Tras los cuestionamientos del CPI todos parecen querer desvincularse del origen de la medida. El Contralor Electoral dice que fue una iniciativa legislativa y la presidenta cameral Jenniffer González, autora de la medida, dice que respondió a un pedido del Contralor Electoral.

El informe sobre la medida de la Comisión de Reforma Gubernamental del Senado dice que el Contralor Electoral y sus auditores la favorecieron.

‘La Oficina del Contralor Electoral no presentó objeción a que los informes de ingresos y gastos que rinden las personas y los comités sean confidenciales por el término de 90 días, que es el tiempo que tiene para evaluar dichos informes. De igual forma, tampoco presentó objeción a que los documentos e informes que se utilizan para realizar las auditorías sean confidenciales hasta que se publique el informe final de la misma’, indica el informe.

Por su parte, el Contralor Electoral le aseguró al CPI que ‘en el proyecto original (los informes) eran públicos y tenía que publicarlos en Internet. En el proceso legislativo eso se ajustó y ahora los informes son públicos después de los primeros 90 días de haberse presentado’.

‘En el proceso legislativo, por alguna razón, los representantes y senadores entendieron que no era lo que había que hacer…’, dijo Torres.

‘Si fueran públicos, el ciudadano tiene una opción mayor para colaborar con nosotros en el cumplimiento, (pero) en lo que la ley no me da discreción, tengo que hacerla valer’, añadió Torres.

En declaraciones escritas la Presidenta cameral expresó que ‘como bien ha dicho el auditor electoral Manuel Torres, esta enmienda se incluye a petición de su oficina, de los propios auditores que hacen la recomendación y nosotros la presentamos. En ningún momento la medida establece que los informes dejarán de ser públicos’.

‘Ocurre igual que con los informes de la Oficina del Contralor donde son finales cuando se auditan, no en el proceso de evaluación. La idea presentada establece que ese proceso ocurra en un periodo máximo de 90 días, de lo contrario tendría que estar disponible, en ningún lado dice que no serán públicos’, argumentó González.

‘Esto se discutió en el momento de aprobar la reforma electoral a la luz de sol y en presencia de todos. En la Cámara votaron a favor de esta enmienda toda la delegación de mayoría y minoría. De igual forma, esto no amarra a ningún candidato a pedir que su informe sea público al momento de radicarlo, es una determinación individual’, dijo González.

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