La fiscal Maricarmen Rodríguez Barea, directora de las Divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor informó que culminaron la investigación relacionada con la carta enviada por el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) sobre los contratos otorgados a Engineering Communication Group, Inc., (ECG), corporación que fue presidida por Roger Iglesias Suárez, y concluyeron que no existe una causa de acción de naturaleza criminal que requiera la intervención del ministerio público.

La fiscal explicó que el CIAPR alegó que una corporación puede prestar servicios de ingeniería como una corporación profesional si todos sus accionistas son ingenieros licenciados. Añadió que el senador Roger Iglesias había comparecido en varios contratos (Municipio de Guayama y Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura ‘AFI’) representándose como ingeniero, presidente y representante de dicha empresa en el Municipio.

Durante la investigación se le tomó declaración jurada a más 20 personas, entre ellos a 11 ingenieros y funcionarios que participaron directamente en los contratos y en la ejecución de los servicios contratados.

Uno de los hallazgos de la investigación es que en todos los contratos otorgados a ECG en los que compareció Iglesias Suarez se adjudicaron antes de que éste juramentara al cargo de senador. En dos contratos que se otorgaron a ECG con posterioridad a ese evento, compareció un ingeniero licenciado en representación de la Corporación y el senador no ocupaba el cargo de presidente, tesorero ni agente residente de la entidad.

El análisis de la evidencia arrojó que la empresa fue contratada en el municipio de Guayama para ofrecer servicios de administración y no para prestar servicios de ingeniería. En cuanto a AFI, dos ingenieros licenciados cuyas credenciales fueron aprobadas por esta agencia prestaron los servicios satisfactoriamente para el trabajo de inspección en la modernización de dos escuelas.

Sobre la alegación de si una corporación que presta servicios de ingeniería tiene que estar organizada como una corporación profesional en la que todos los accionistas tienen que ser ingenieros licenciados, la Ley General de Corporaciones y la Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico disponen tal requisito. No obstante, los hechos establecidos en esta investigación no constituyen una causa de acción de naturaleza criminal sobre este particular.

Todos los testigos entrevistados indicaron bajo juramento que Iglesias Suarez nunca se anunció, identificó, firmó o dio la impresión de ser ingeniero y nunca prestó servicios de ingeniería en su carácter personal.

El senador Iglesisas reaccionó a la decisión y dijo que ‘esta determinación reitera mi posición en torno a la necesidad de clarificar una legislación vaga y ambigua que ha inducido a error a decenas de profesionales puertorriqueños que han rendido sus servicios con honestidad. Durante el próximo cuatrienio, en coordinación con el Colegio de Ingenieros, debemos legislar sobre el alcance de esta legislación, sin embargo, mi prioridad en este momento es continuar promoviendo las obras para el Distrito de Carolina como la apertura de la fase final de la Ruta 66, la conversión a expreso de la carretera número 3 y el elevado de Fajardo, el funcionamiento de los muelles y lanchas de Vieques y Culebra, las escuelas del Siglo 21, la compra de las parcelas de la base Roosevelt Road, entre otros proyectos’.