El Depatamento de la Familia (DF) enfrenta una orden del juez federal Jose A. Fuste para que explique por que no debe ordenarle a que de una vez y por todas implante y publique la revisión de las guías de pensiones alimentarias que se supone fueran revisadas en 2010 y que todavía no han sido implantadas ni registradas.

El caso fue iniciado por un grupo de padres custodios, parejas de padres custodios, y padres no custodios que le solicitaron al juez que los certifique como clase para representar a los cientos de miles de padres que tienen que pagar pensión y que todavía esperan por la revisión.

Según el expediente de la demanda radicada el 4 de octubre pasado, el DF y la Administración de Sustento de Menores (ASUME) tienen hasta el 26 de octubre para fundamentar su posición de no emitir las reglas. Dicha negativa ha sido objeto de solicitudes, marchas, y otras manifestaciones públicas por parte de los demandantes quienes, sin embargo, se cansaron de que el DF no actuara.

‘Han jugado un poquito a la política con nosotros. (Las guías) las puso en 2006 el PPD y el PNP las ha mantenido más allá de la fecha en que tenían que publicarlas, esto no ocurre en los estados. Si otros lo hicieron mal, ellos (DF y ASUME) están llamados a hacerlo bien, tiene que cumplir con la ley’, argumentó Maricarmen de la Cruz, quien encabeza el grupo de demandantes.

ASUME maneja unas 300,000 pensiones pero hay decenas de miles adicionales que están pactadas y manejadas de manera privada sin pasar por ASUME.

La reclamación que sometió el licenciado Alberto Acevedo Colom se basa en una ley federal que dispone que las guías de pensión alimentaria deben ser revisadas cada cuatro años. Según la discusión pública alrededor de la revisión de las guías de 2006, se espera que las nuevas guías que llevan dos años de atraso tengan niveles de pago más reducidos. Para los padres alimentantes, se trata de un ajuste que refleje más fielmente la situación económica actual, aunque para los padres y madres custodios que dependen de esos pagos, sería causarle necesidades a sus hijos.

‘El ‘issue’ aquí no es que se bajen las guías, es que nunca debieron estar tan altas’, subrayó De la Cruz.

‘Nos han quitado nuestra libertad y nuestra paz mental y se han desprovisto los hijos de nuestras familias, donde carecen no sólo de cosas materiales, sino de la paz mental de sus padres’, añadió a la vez que reclamo que lo que se busca es el bienestar de todos los hijos, tanto los de un primer matrimonio, como los de un segundo o tercer matrimonio.

La reclamación al juez Fusté es que le ordene al DF y a ASUME publicar y registrar en el Departamento de Estado las nuevas guías a más tardar en 60 días desde la orden.

Como anejo a la reclamación, se incluye una carta en la que los demandantes, que se agrupan alrededor de la página de Facebook ‘Padres unidos pensiones justas’ dan cuenta de la situación al gobernador Luis Fortuño, la Primera Dama Luz Eufemia Vela, y la secretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry, en marzo de este año. También, correos electrónicos enviados al asesor legislativo de Fortaleza, e hijo de la jueza del Tribunal Supremo Mildred Pabón, Philippe Mesa Pabón, que resultaron en nada.