La oferta para transigir la demanda contra el alcalde Jorge Santini por la secuela del allanamiento de la cafetería Betsy la presentó el mismo municipio despues de que Santini perdiera las elecciones, y tiene el efecto de garantizar que el político no va a tener que sacar ni un centavo de su dinero para responder por los actos que se le imputan.

Según se desprende de las alegaciones en el pliego de la demanda, a Santini se le imputan actos personales, no oficiales, de difamación y violación de derechos. Distinto a casos donde a un funcionario público se le imputa negligencia en el desempeño de sus funciones, y en los que de ordinario el dinero para compensar sale de las arcas públicas, en la demanda por el episodio de Betsy el alcalde se exponía a tener que responder con su propio dinero, especialmente si el veredicto se registraba en un momento en que está fuera del cargo y la Asamblea Municipal no responde a sus intereses.

Antes de las elecciones, el municipio no había ofrecido transar y, de hecho, el caso tenía un calendario de deposiciones, pero una semana después de las elecciones vino la oferta que divulgó hoy Primera Hora. En cuanto a ese proceso de descubrimiento de prueba, no se esperan que produjera muchos más datos de los que se habían producido en las vistas de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), y que culminaron en un informe del 17 de agosto de 2010 en el que se determinó que a Santini no se le violaron los derechos porque el operativo de la policía estatal y municipal efectuado en Betsy mientras Santini estaba allí fue resultado de los planes regulares de los agentes y no de un plan para entramparlo.

Ese informe también dejo claro que, contrario a lo que inicialmente se dijo, Santini nunca fue ‘marcado’ por los canes olfateadores de sustancias controladas, ni tampoco que esto lo había hecho una perra de nombre ‘Nina’, ya que la agente canino que estaba con los policías se llama ‘Nenna’ y estaba en otro lugar, no en Betsy.

Por eso, según indicaron a NotiCel personas con conocimiento del caso, la motivación más clara de transigir sería garantizar que es dinero del municipio, y no personal del alcalde, el que va a cubrir el acuerdo.

Las demandas fueron presentadas por separado por el teniente retirado José Martínez Massanet, y el comandante Guillermo Calixto. Las alegaciones principales son que Santini los difamó al declarar que el operativo fue resultado de una fabricación política, y que el exsuperintedente José Figueroa Sancha, respondiendo a presiones del alcalde, los trasladó como castigo. Cada demandante recibiría $85,000 como parte de la transacción.

Para más información, vea el Informe de la Comisión de Derechos Civiles.

Informe Comisión de Derechos Civiles Caso Betsy NotiCel_811