El año 2013 podría ser uno muy activo para el Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR) en su campaña en contra de que se aplique la pena de muerte en la Isla por vía de la esfera federal de los Estados Unidos.

Casos como la notoria masacre de La Tómbola en Toa Baja, así como el incidente relacionado al reciente asesinato del publicista, José Enrique Gómez, podrían apretar el botón de alerta ante la posibilidad de que los acusados por éstos y otros crímenes cualifiquen para la pena capital, según las leyes estadounidenses.

De acuerdo a la presidenta del CAPR, Ana Irma Rivera Lassen, el tribunal federal de distrito en Puerto Rico tratará nuevamente de apelar a las emociones y sentimientos de venganza para persuadir a un jurado a avalar la muerte de puertorriqueños acusados de crímenes.

'Cada caso de posible pena de muerte es un atentado contra los principios constitucionales de Puerto Rico. Cada vez que se pone un nombre en una lista, es un atentado. A mi me parece que seguir acumulando esas amenazas es parte de la búsqueda desesperada de aquellas personas que creen en un castigo que en el mundo entero se ha ido aboliendo', argumentó Rivera Lassen en entrevista con NotiCel.

'Me parece que si vas a buscar los nombres amenazados con la pena de muerte, el sistema está apostando los prejuicios de la gente en Puerto Rico contra los acusados y sus trasfondos sociales. Yo creo que eso es espantoso, es echar para atrás la civilización y los procesos judiciales en el país', añadió la líder del CAPR.

La posición histórica de la principal organización que aglutina a los abogados y abogadas del país ha sido en contra de la aplicación de la pena de muerte en Puerto Rico.

En su lugar, el CAPR aboga por procesos que incluyan la rehabilitación integrada, así como la prevención a distintos niveles de la sociedad.

'La sanción que debe enfrentar una persona no puede ser lo mismo que esa persona ha hecho. Tiene que ser una sanción ejemplar a través de sistema judicial y eso no puede ser la muerte', acotó Rivera Lassen.

'Tenemos que evitar que la lista siga creciendo y hasta que no se trabajen elementos de prevención, y se trate seriamente el tema de la cultura de violencia y el machismo, será muy difícil erradicar la violencia en nuestro país'.

A tono con la propuesta de promover políticas dirigidas a la prevención a nivel del gobierno estatal puertorriqueño, NotiCel le preguntó a Rivera Lassen qué hacer ante el hecho de que las decisiones de recomendar candidatos a la pena de muerte no recaen bajo la jurisdicción local, sino que forman parte del poder de la esfera federal.

La licenciada respondió que a corto plazo, son precisamente las políticas de prevención las que pueden evitar que el gobierno federal imponga ese castigo judicial.

Rivera Lassen, además, criticó los actuales acuerdos de colaboración entre el gobierno estatal y el federal.

'Estos entendidos de que el gobierno federal puede llevarse casos, es uno de los retos del nuevo Secretario de Justicia, cómo darle mayores poderes a Puerto Rico para manejar estos casos a la luz de nuestras propias leyes estatales', planteó la abogada.

Asimismo, Rivera Lassen entiende que la ciudadanía debe igualmente asumir su responsabilidad social y poner su granito de arena en esta lucha en contra de la violencia y criminalidad.

'El pueblo de Puerto Rico debe poner de su parte y entender que todos y todas debemos hacer algo al respecto. Hay que gente que pone de su parte. Pensemos en el caso de los padres que tomaron la dolorosa decisión de entregar a su hijo implicado en el crimen del publicista José Enrique Gómez. Por encima del dolor, estos padres entendieron que su responsabilidad era llevar al hijo a enfrentar las consecuencias de sus actos. Así que le decimos a la población que asuma responsabilidad de sus actos', puntualizó Rivera Lassen.