Tanto el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, como los dos presidentes legislativos del Partido Popular Democrático (PPD), fueron hoy jueves presionados por un centenar de personas que se dieron cita en el ala norte del Capitolio, con el propósito de exigir la paralización del proceso de privatización del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

Integrantes de la Hermandad de Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas, así como miembros de la sociedad civil reunidos bajo el nombre de Pueblo Unido en Defensa del Aeropuerto, presentaron una serie de consignas acusando a la nueva administración de perpetuar la política pública neoliberal gestada por el pasado gobierno del Partido Nuevo Progresista, y Luis Fortuño.

‘Parece que todo quedó como antes, no ha cambiado nada en este país’, gritó un manifestante que hablaba por medio de un megáfono.

‘Qué baje Perelló!’, gritaba la multitud, en referencia al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, quien antes de asumir la actual posición de liderato se había expresado en contra de la alianza público-privada entre el gobierno de Puerto Rico y el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR)

con sede en México.

La presión de los y las manifestantes logró que tanto Perelló, como el Vice-Presidente de la Cámara Baja, Roberto Rivera, y el portavoz de la mayoría cameral, Charlie Hernández, bajaran a las escalinatas del Capitolio y le dieran cara al grupo que exige la cancelación del contrato de privatización.

‘Las reservas sobre la transacción del aeropuerto son las mismas que tenía antes de asumir la presidencia de la Cámara. Este negocio pone en peligro a los aeropuertos regionales. En la Cámara ya radicamos una resolución para investigar esta alianza público-privada’, explicó Perelló, ante los reclamos de quienes acudieron a la protesta.

A pesar de la postura de Perelló y Hernández, en contra de la privatización del único aeropuerto internacional del país, el gobierno central comandado por García Padilla insiste en que debe mantenerse el acuerdo.

A tales efectos, la actual administración le concedió una extensión a la Administración Federal de Aviación (FAA), luego de que dicha agencia no lograra emitir su informe final sobre el acuerdo dentro del término de 180 días, que estableció el contrato de arrendamiento entre la Autoridad

de Puertos de Puerto Rico y ASUR.

El plazo de 180 días se venció el pasado sábado 12 de enero.

‘Es una pena que el gobierno no haya aprovechado el vencimiento de ese plazo para salir de ese negocio que es perjudicial para el pueblo de Puerto Rico. Ahora la única esperanza que tenemos que es esperar que la FAA emita su informe y determine que la alianza no se puede dar. Mi postura es la misma de siempre. Yo no favorezco la privatización del aeropuerto’, expresó, por su parte, el representante Charlie Hernández, en declaraciones a NotiCel.

Tanto Hernández como Perelló se reunieron con algunos de los portavoces que participaron de la manifestación del jueves.

A pesar de que el gobernador ha asegurado que la alianza público-privada no afectará a los trabajadores y sus derechos, la presidenta de la Hermandad, Astrid Rosario, explicó que esa garantía del acuerdo no atiende la situación de los aeropuertos regionales y sus empleos.

‘Hay que entender que los aeropuertos regionales dependen del Luis Muñoz Marín y la garantía de empleos prometida podría funcionar en los primeros dos o tres años, pero es incierto lo que pueda ocurrir posteriormente’, argumentó Rosario.

‘En mi carácter personal yo siempre he dicho, que más allá del asunto de los empleos, este negocio no es beneficioso para el pueblo de Puerto Rico’, puntualizó Rosario.