El exsecretario de Educación, Edward Moreno, se fue sin resolverlo, y el actual secretario de Educación, Rafael Román Melendez no tiene ni idea de la controversia. Y así, entre un funcionario que se zafa y otro que no se entera, el pueblo de Puerto Rico está a punto de tener que responder en magnitudes millonarias por el torcido proceso que se siguió para escoger la serie de libros de español que se usaría en el sistema público para los grados del 10mo al 12mo.

La pugna ya está ante el Tribunal Supremo en la forma de un recurso de certiorari que radicó Editorial Plaza Mayor, Inc. con el fin de solicitar la anulación del proceso que le concedió un victoria a la empresa Editorial Santillana, aún con los señalamientos de irregularidades por parte de miembros del comité evaluador de libros y el silencio sepulcral del DE en torno a los criterios de selección.

‘Son temas que me estoy enterando por usted ahora mismo. No tenía conocimiento de ese aspecto, así es que la información que me pueda proveer, yo estaré bien responsablemente viendo la información. Por el lado, no tengo información sobre ese caso en particular’, respondió Román Meléndez, en entrevista esta semana con Radio Isla.

A pesar de su admisión de desconocimiento del tema, Román Meléndez dijo estar en la disposición de atender el caso y enmendar decisiones, de ser necesario.

‘Estamos en la posición, como Secretario de Educación, de que la política pública nuestra es cumplir con la ley. Eso es lo que corresponde. Lo que corresponde en ley, es lo que el Departamento de Educación acaparará’, añadió el titular del DE.

Tanto Román Meléndez, como el nuevo director de Área de Español, Samuel Álvarez, están facultados para reanudar el proceso, debido a que el comité evaluador compuesto por maestros, facilitadores académicos y padres, aún no ha sido disuelto.

El trabajo del comité comenzó en marzo 2012, pero sus integrantes nunca pudieron reunirse con el pasado secretario de Educación, Edward Moreno, para analizar la rúbrica de evaluación y discutir los resultados.

Desde agosto del pasado año, NotiCel ha estado inmerso en la investigación de la controversia.

Sin embargo, el DE se ha afianzado en un ‘acuerdo de confidencialidad’ entre la agencia y los integrantes del comité evaluador para negar acceso a la información relevante a un proceso para el cual fueron destinados cerca de $2 millones del erario público.

El denominado ‘acuerdo de confidencialidad’ contradice las propias acciones del DE que publicó en Internet los nombres de todos miembros del comité evaluador, incluyendo su rol y la escuela superior que representan.

De acuerdo a fuentes que laboran dentro del DE, tal acción de la agencia laceró la pureza y neutralidad del proceso, debido a que, al conocerse los nombres de los y las evaluadoras por medio del Internet, varias casas editoriales participantes intentaron contactar a algunos de estos voluntarios.

Ante el silencio de la pasada administración del DE, comandada por la exdirectora del Área de Español, Nannette Portalatín, la exsubsecretaria para Asuntos Académicos, Grisel Muñoz, y el propio Moreno, el nuevo secretario podría intervenir en el proceso y enmendar el acuerdo de confidencialidad, o por el contrario, esperar a que sea el Tribunal Supremo, el cuerpo que obligue a estos oficiales a testificar bajo juramento.

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