Un proyecto cameral que busca restarle poderes al administrador de la Administración Vivienda Pública (AVP) fue rechazado por vecinos de residenciales públicos y por la administradora interina de esa dependencia que se nutre de fondos federales.

Pese al contundente rechazo, el representante popular José Varela, quien preside la Comisión de Gobierno, defendió la legislación de la autoría del novato legislador Armando Franco.

La medida crea una Junta integrada por jefes de agencia a la que tendría que responderle el administrador Miguel Hernández Vivoni.

La administradora interina de la AVP, Janice Miranda Claudio, se opuso al proyecto y sostuvo que convierte al administrador en ‘un mero mensajero’.

‘Nos oponemos porque se ve que fue hecha a la ligera y una agencia como es la Administración de la Vivienda Pública que se nutre del 99% de fondos federales y como está redactada en este momento no podemos endosar la medida’, destacó Miranda Claudio, quien se desempeña como interina porque Hernández Vivoni está fuera de Puerto Rico.

Indicó que la dependencia no ha tenido la oportunidad de hacer una evaluación ‘seria’ de la medida, pero expresó serias preocupaciones que se derivan de ‘una mera lectura de la medida’.

‘Nos preocupa mucho el que una Junta de Gobierno que se compone de funcionarios que de por sí son ya jefes de otras agencias importantes del país estén tomando decisiones del día a día de la agencia. Son personas que por la naturaleza de sus funciones no están vinculadas a los residentes de Vivienda Pública, sino que es la figura del administrador el que está en esas funciones y eso de por sí choca con lo que son las funciones de nuestra agencia’, reclamó Miranda Claudio.

Entre las operaciones diarias que se verían afectadas, citó como ejemplo decidir qué materiales necesitan los empleados para ejercer sus funciones dentro de la Administración, así como afectar a los proyectos de vivienda cuando se tenga que contratar a un carpintero que tenga que ir a reparar una puerta en un residencial.

‘Va de lo más sencillo hasta lo más complicado y entendemos que amerita una seria reconsideración la medida’, sostuvo la funcionaria.

Minutos antes en una protesta, Mirta Colón, presidenta de la Asociación de Residentes Gladiolas Renace, e Ivette Santiago, presidenta del Consejo de Residentes Columbus Landing, Mayagüez, exigieron el retiro del proyecto.

‘Este es un proyecto totalmente nefasto para los residentes de Vivienda Pública. Este proyecto pretende transferirle no algunas facultades, sino todas las facultades de la Administración de Vivienda Pública a una Junta de Gobierno. Una Junta de Gobierno que está compuesta por siete miembros. De esos siete miembros, cuatro son secretarios de Departamento. Tú crees que estos secretarios que no dan a vasto para trabajar en el lugar donde fueron designados van a poder trabajar con la administración de una agencia tan compleja como es la Administración de Viviendas Pública’, denunció Colón en rueda de prensa.

Y es que la medida propone que los titulares del Departamento de la Vivienda, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Departamento de la Familia y el director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura sean miembros del nuevo organismo que se creará.

‘Los proyectos e iniciativas que se comenzaron en nuestras comunidades no se van a llevar a cabo simplemente porque esto lo va a retrasar todo. Este proyecto pretende darle el poder a la Junta para que sea ella quien haga todos los desembolsos (de fondos), una Junta que se reúne una vez al mes o cada dos meses, cómo va a estar llevando a cabo los desembolsos de una agencia, que precisamente por la necesidad de servicios que hay en los proyectos, tiene que estar todo el tiempo desembolsando. Cómo es posible que unos secretarios que no conocen lo que es Vivienda Pública, que no conocen cuál es la necesidad de Vivienda Pública y que no van a tener el tiempo para aprender lo que es Vivienda Pública vengan a trabajar con los reglamentos bajo los cuales nos vamos a regir?’, cuestionó Colón.

La líder comunitaria afirmó que el representante José ‘Conny’ Varela le informó que el proyecto lo impuso La Fortaleza, lo que da al traste con expresiones públicas hechas por el gobernador Alejandro García Padilla, quien ha dicho que no tiene problemas con que Hernández Vivoni esté frente a la dependencia.

‘Yo quisiera pensar lo que piensa mucha gente de esta isla, que el Gobernador va por un lado y la Legislatura va por otro. Y te digo quisiera pensarlo porque tengo mis serias reservas y mis serias reservas obedecen a que la pasada semana cuando vinimos a cabildear al Capitolio el pasado martes el representante Conny Varela decía que este proyecto no lo iba a ver y, sin embargo, no bien transcurrida una semana nos enteramos por otras personas que este proyecto sí lo iba a ver la Comisión de Gobierno. Preguntamos a Conny Varela y que nos dijo el representante Conny Varela: órdenes de Fortaleza’, destacó Colón.

Empero, Varela se hizo el nuevo ante la denuncia de Colón.

‘Yo no le dije eso a ella. Creo que no le dije eso a ella, no me acuerdo. Estos días han sido pa’ esta comisión y para este servidor de mucho trabajo. Creo que no le dije eso, pero vamos a evaluarlo y ella va a tener su oportunidad de exponer sus puntos de vista’, dijo Varela.

NC: No se acuerda si se lo dijo, o sea que pudo habérselo dicho?

‘Es posible’, reconoció.

El legislador defendió que el proyecto sea evaluado en audiencias públicas.

‘Primeramente lo que estamos buscando es darle mayor agilidad a esa junta, definir cuál va a ser el rol del Administrador de Vivienda Pública y que este segura ella y así el administrador que van a poder seguir haciendo su trabajo, su buen trabajo que han hecho por estas comunidades’, afirmó Varela, quien adelantó que al final del procesos de vistas públicas se sabrá si es o no necesaria la aprobación del Proyecto de la Cámara 1140.

‘Vamos a ver si este proyecto le conviene o no a los residentes de estas comunidades y en su sano juicio, la Comisión va a evaluar las ponencias, va a evaluar si es necesario o no y tomaremos una decisión durante el transcurso de esta sesión legislativa’, indicó.

Colón y Santiago exigieron que se retire el proyecto y señalaron que raya en la ilegalidad debido a que la AVP se nutre principalmente de fondos federales.

Además, ambas coincidieron en que el objetivo del proyecto es sacar del panorama a Hernández Vivoni de quien aseguraron ha hecho un buen trabajo para asegurar la calidad de vida en los residenciales públicos.

‘Cabe señalar que hace tres meses atrás nosotros estuvimos en el Senado dando batalla y logramos que se retirara el Proyecto 285 que era muy similar al que estamos batallando hoy. Eso nos da a entender que el propósito final de todos estos es sacar al actual Administrador de Vivienda Pública… él ha cruzado líneas partidistas, él no le ha importado colores, él lo único que le ha importado es el bienestar de los residentes de los residenciales y en esta morimos como el quiquiriquí en la raya porque no yo vamos a dejar solo’, sentenció Santiago.