En San Juan ya no hay que pagar el impuesto secreto de Jorge Santini. La nueva administración municipal detuvo el cobro ilegal con que el ex alcalde recaudó unos $20 millones que debió depositar en una cuenta especial para costear la conservación de tierras de valor ecológico al sur del Municipio. Esto, sin embargo, no ocurrió. Y tras llegar a la Alcaldía hace seis meses, la actual administración encontró que una parte del dinero se desvió para otros propósitos y que otra parte no aparece.

Sólo 20 personas tuvieron la suerte de pagar menos de $200 por ese impuesto secreto. Entre éstas se encuentra el propio ex alcalde. Tras pedir un permiso de construcción, Jorge Santini pagó, el 16 de junio de 2005, sólo $130.

La información surge de una lista de nombres de 1,116 personas, empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro y entidades públicas a las que, durante los pasados 10 años, les obligaron a hacer el pago al pedir autorización para construir en San Juan.

La lista incluye una enumeración parcial de víctimas, puesto que el Departamento de Finanzas no ha podido todavía localizar todas las transacciones.

Las principales víctimas de ese cobro, según documentos del Departamento de Finanzas de San Juan, fueron empresas de la industria inmobiliaria. Entre estas, el quebrado proyecto de apartamentos La Ciudadela de Santurce Inc., que pagó $677,750, Swiss Chalets Inc. ($559,825), Loft at Ponce de León, Inc. ($289,450), Pancar Development Corp. ($260,830) y la constructora del polémico proyecto Paseo Caribe, San Gerónimo Caribe Project ($218,130).

También cayó el Sistema Universitario Ana G. Méndez ($322,010), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, que es una institución pública ($268, 410) y hasta el First Bank ($237,240), entre otros.

Hubo ciudadanos como Rina Landrau, residente del Caño Martín Peña, quien tuvo que pagar $2,050 por cambios menores en su residencia. Landrau posee un documento en el que consta su pago. Pero su nombre no aparece en la lista de cobros hechos. Esto confirma que hay transacciones que el Departamento de Finanzas no ha podido identificar.

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