El Tribunal Supremo, en una decisión en la que participaron sólo seis de sus jueces y en un caso de más de 20 años, ratificó que el diario El Vocero difamó a la entonces fiscal Iris Melendez en una serie de artículos en los que concluyeron que había hostigado sexualmente a una secretaría, pero redujo la compensación millonaria que inicialmente se le había concedido a la demandante.

La reducción de compensación fue el punto principal de la disidencia de la jueza Anabelle Rodríguez. Los jueces Federico Hernández Denton y Mildred Pabón Charneco no participaron en la decisión y el juez Rafael Martínez Torres se inhibió del caso que salió por voz del juez asociado Roberto Feliberti.

La demanda original fue presentada en 1992 y, de hecho, el periodista (José Purcell) y el editor/dueño (Gaspar Roca) ya murieron, así como que la gerencia del diario cambió.

La sentencia original era de $1,815,000, además de $100,000 en pago de honorarios, más intereses calculados al 5% desde 2004. Pero la determinación del Supremo hoy es reducir la cantidad global a $350,000 y eliminar el pago de honorarios de abogados, por entender que es lo ‘razonable’. La demandante es hoy una de las abogadas del panel del Fiscal Especial Independiente y una de sus abogadas, Maricarmen Ramos de Szendrey, es una recién estrenada miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Por parte de la demandante, intervino en el caso también el profesor de Derecho Constitucional, José Julián Álvarez.

Los actos difamatorios de Purcell en El Vocero ocurrieron a lo largo de 43 artículos en 23 meses de publicación y tuvieron su origen en la publicación de una supuesta querella por hostigamiento sexual que la secretaria Martha Marrero Rivera había presentado contra Meléndez. El Supremo ratificó que Marrero es responsable de difamación por las comunicaciones que hizo sobre el supuesto hostigamiento, que El Vocero es responsable por sus artículos al respecto, y que el abogado del diario, Héctor Santiago, es responsable también por el contenido de cartas que cursó al entonces secretario de Justicia, Jorge Pérez Díaz, y que el diario publicó.

Entre los hallazgos están que Purcell publicó su historia basado en ‘rumores’ y que se negó a entrevistar a Meléndez al respecto cuando tuvo oportunidad para ello. En cuanto a los actos de Santiago, el tribunal determinó que no podía protegerse diciendo que eran comunicaciones exentas de posible difamación porque fueron hechas en su rol oficial de abogado dentro de un procedimiento legal, ya que la prueba arrojaba actuaciones suyas para que el contenido de las cartas llegara a manos de la prensa.

La demanda original fue presentada en 1992 y las controversias relacionadas habían sido atendidas por el Tribunal de Apelaciones en 27 ocasiones y por el propio Supremo en dos ocasiones.

*Actualizado con los nombres del equipo legal de Meléndez.

Tribunal Supremo Meléndez v. Vocero Opinión – NotiCel_3118

Tribunal Supremo Meléndez v. Vocero Sentencia – NotiCel_3119

Tribunal Supremo Meléndez v. Vocero Opinión Concurrente y Disidente – NotiCel_3120