El exrepresentante Jose Luis Rivera Guerra lucía calmado y sonriente hoy tras salir de la sala 1108 del Centro Judicial de San Juan, luego de conocer que su sentencia por haber violado el Código Penal y la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos, no implicó una estadía en prisión, sino 40 días de labor comunitaria y un total de $2,900 en multa.

La jueza Isabel Llompart decidió imponer la pena máxima por dos cargos relacionados al artículo 2.68 del Código Penal y determinó 90 días de sentencia, combinados en 20 días de servicio comunitario y 70 días de multa, a razón de $15 diarios.

Asimismo, la funcionaria judicial impuso la misma sentencia por un cargo en violación al artículo 16 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos, por utilizar una propiedad sin los debidos permisos.

Además, la jueza añadió otros $500 de multa, más $100 por cada uno de los tres cargos. Estos últimos $300 serán destinados al Fondo de Víctimas y Testigos.

Inicialmente, a Rivera Guerra se le imputaban dos cargos por la violación del artículo 4.11 de la Ley de Ética Gubernamental. Sin embargo, su defensa y los fiscales especiales acordaron reclasificar los delitos a dos cargos por violación al artículo 268 del Código Penal de 2004. Esta reclasificación permitió que al exrepresentante se le pudiera sentenciar por delitos menos graves.

De igual manera, hubo una reclasificación a delito menos grave en el caso de la violación a la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos.

A pesar de que la negociación que propició una reducción de sentencia para el exlegislador del Partido Nuevo Progresista, la fiscal especial, Luz Ivette Burgos Santos, se mostró complacida e indicó que el veredicto de Llompart es lo suficientemente severo como para enviar un mensaje a aquellos funcionarios públicos que violen la ley.

'Nosotros entendemos que a base del trabajo realizado por esta oficina, y a base de la sentencia impuesta por la honorable jueza de imponer una sentencia combinada, tanto de multa, como de labor comunitaria, entiendo que esto ha sido un buen ejemplo para todos los funcionarios públicos de este país', indicó Burgos Santos a su salida de sala.

'Nosotros mandamos el mensaje comoquiera. Ningún legislador o funcionario público va a salir por la puerta ancha. Tiene que cumplir con la ley', añadió la fiscal.

Por su parte, Rivera Guerra expresó que nunca le falló al pueblo mientras fue miembro de la Asamblea Legislativa.

De acuerdo al exrepresentante, no cumplir con los debidos permisos de propiedad fue resultado de un descuido por las muchas horas que supuestamente le dedicó al servicio público.

'Aquí yo estuve dedicándole más tiempo al pueblo que a mi familia y por eso viví mi casa sin permiso de uso. Me hice culpable en el mes de mayo. Atendí más a mi pueblo que a mi familia', comentó Rivera Guerra, quien dijo que actualmente labora 'unas horas' en el colmado de su padre.

La supervisión de los servicios comunitarios estará a cargo del Departamento de Corrección en Aguadilla, según informó Llompart.

La vista de seguimiento fue fijada para el martes 24 de septiembre.