El Departamento de Justicia todavía confía en que se pueda llegar a un acuerdo en el caso estatal que se sigue del ex comisionado de Seguridad de San Juan, Hilton Cordero, acusado por cargos de actos lascivos y pornografía infantil.
Ello, aunque es la primera vez que el secretario de la agencia, Luis Sánchez Betances, reconoce abiertamente que no es aceptable la propuesta inicial que hizo la defensa a cambio de una alegación de culpabilidad.
En entrevista con NotiCel, el funcionario no quiso entrar en detalles de las fallidas conversaciones que se han dado hasta el momento.
‘Puedo hablar generalmente, pero no puedo dar detalles. El impasse es que para nosotros no era aceptable su propuesta’, reconoció.
‘Esto es una negociación y dicen bueno yo me voy culpable o hago alegación de culpabilidad, que es el término correcto, y tú (fiscalía) me quitas esto, me das esto otro, no me pones aquello, me eliminas esto otro y que se yo qué y la propuesta que hizo la defensa no fue aceptable para nosotros’, sostuvo el funcionario.
NC: Qué pidieron, concurrencia con la sentencia federal?
‘No puedo dar detalles porque era una negociación y el caso está sometido, pero no fue aceptable. Yo no acepté esos términos’, afirmó.
El caso se encuentra paralizado luego que el Tribunal de Apelaciones determinara examinar en los méritos una petición de la defensa para que se suprima como evidencia la computadora de Cordero, que dio paso a la radicación de los más de 20 cargos de pornografía infantil y uno por actos lascivos.
NC: Le preocupa que el Apelativo paralizara el caso?
‘No, porque no necesariamente signifique que él va a prevalecer. Es una medida cautelar, pero hay controversia sobre el tema y aún todavía en esta etapa hay margen para negociar, ciertamente’, replicó.
‘Los casos se transigen en cualquier etapa, pero en el momento en que se planteó y en la forma que se planteó no estábamos de acuerdo en los términos que él quería’, insistió Sánchez Betances.
La defensa ha insistido en que la prueba obtenida a través de la ocupación de la computadora se tiene que suprimir porque la orden judicial a tales efectos fue ilegal. Esa orden fue emitida por la jueza Madeleine Vega y la defensa argumentó ante el Apelativo que estaba defectuosa y es ilegal porque carece del requisito de especificidad.
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