El Procurador de las Personas con Impedimentos, Iván Díaz Carrasquillo, demandó el martes en la tarde al gobernador Alejandro García Padilla y los encargados de la ‘transición’ en su oficina alegando que la ley de reorganización de procuradorías y los actos realizados tras la aprobación de la misma, constituyen discrimen político y violentan el debido proceso de ley.

El pliego sometido al Tribunal Federal reclama una orden para evitar que lo saquen del cargo o, de la actuación judicial ocurrir después de que se convierta en efectiva su restitución, que lo restituyan al cargo, que conlleva una vigencia de 10 años, de los cuales a Díaz le restan ocho por servir.

También está demandada la senadora, y exprocuradora de las Personas de Edad Avanzada, Rossana López León, así como los miembros del comité de ‘transición’ de la Procuradoría de Personas con Impedimentos, Margaret Morales y Gabriel Esterrich Lombay.

Tras la firma el 24 de julio de la Ley 75 que revirtió el Plan de Reorganización de las Procuradorías de la Administración Fortuño, la demanda indica que Morales, Esterrich y otra persona se presentaron en la Oficina del Procurador con una carta el 20 de agosto indicándole que estaban allí para iniciar el proceso de transición.

Después de tres días de visitas, exactamente a la 1:30 pm del viernes 23 de agosto, el comité le informó al Procurador que la transición había terminado, que él estaba despedido, y que tenía que entregar su identificación, los códigos de acceso, y las llaves de la oficina. El Procurador le reclamó que no le entregaran una carta con esa determinación y que la misma no tenía causa justa, a lo que Esterrich supuestamente le dijo que su destitución se podía hacer ‘a la buena, o a la mala’.

Luego el comité se encerró en un cuarto de la oficina y tuvo que ser escoltado por la Policía hasta el estacionamiento donde, según el pliego, Esterrich comenzó a gritar que ‘lo que no se da cuenta el Procurador es que Alejandro García Padilla ganó las elecciones’.

Tras eso, el Procurador supo por las noticias el lunes 26 de agosto, que la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila, había anunciado su destitución y la designación de un Procurador interino.

‘Díaz nunca ha sido amonestado, sancionado o disciplinado, ni se le ha presentado reclamación en capacidad personal u oficial’, alega la demanda al consignar que, desde el 5 de enero, ningún funcionario de la actual administración se ha reunido con él para discutir su desempeño o hacerle una evaluación.

‘Es claro y evidente que el demandante está siendo destituido por los demandados debido a su afiliación con el PNP y su no lealtad al PPD y/o para aplacar la sed revanchista de la senadora López quien, al preparar la ley de reorganización de las procuradorías, tenía la intención real de destituir a todos los jefes de agencia designados por el exgobernador Luis Fortuño’, concluye.