Ante las recientes expresiones de la Jueza Presidenta del Tribunal Federal en Puerto Rico, Aida Delgado, la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte (CPCPM), le dio el viernes, la bienvenida a lo que parece significar una merma sustancial en los casos a certificarse como de pena capital en la Isla.

Sin embargo, denuncian que la pena de muerte no debe aplicarse a ningún caso. Ni siquiera aquellos que la fiscalía federal considere como ‘los crímenes más abominables’, porque no resuelve el problema del crimen y sólo eleva la espiral de violencia.

En los pasados doce meses se llevaron a cabo cuatro juicios de pena de muerte en Puerto Rico, sin que se consiguiera una convicción de pena de muerte en ninguno de ellos. Esto a pesar de que la fiscalía federal apostaba a obtener una condena de muerte en ellos por tratarse de crímenes viles.

Carmelo Campos, portavoz de la CPCPM, entiende que ‘aunque de forma algo solapada, esta constituye la admisión del rotundo fracaso del gobierno federal en su burdo intento de imponernos la pena de muerte.’

Solamente a niveles económicos, el llevar esos casos ha tenido un costo de más de siete millones de dólares. Ante la situación de alta criminalidad y violencia, estos recursos hubiesen podido utilizarse para otros fines.

Por su parte, Evelyn Román, Coordinadora General de la Coalición, señaló que ‘en Puerto Rico se ha dado un rechazo generalizado a las ejecuciones por parte del Estado. En este momento quedan en el Tribual Federal siete casos pendientes a certificación. Esperamos que las expresiones de la Jueza Delgado tengan un impacto real y que esto se materialice en la no certificación de los casos que quedan pendientes y de ningún otro’.

La CPCPM insistió en la necesidad de enmendar el memorando de entendimiento entre el gobierno de Puerto Rico y las autoridades federales, de forma que este acuerdo contenga una expresión clara de que los casos que se juzguen en el Tribunal Federal no sean enviados para certificación como casos de pena de muerte a la Unidad de Casos Capitales del Departamento de Justicia Federal.

Por último, la Coalición recalcó que no cree en la impunidad de los homicidios, pero que ‘no existe caso apropiado ni circunstancia apropiada para imponer la pena de muerte. La pena de muerte no debe ser nunca una opción, sin importar quién sea el acusado, quien sea la víctima, ni lo horrendo que pueda parecernos el crimen.’