Sin sueldo y empleo quedaron 12 agentes de seguridad y protección de la Unidad de Operaciones Especiales del Negociado de Instituciones Juveniles, adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), según informó su secretario, Jose R. Negrón Fernández.

Mientras, otros tres oficiales recibieron carta de intención de destitución, mas no se informó que fueran suspendidos de empleo y sueldo.

Las medidas contra los oficiales se tomaron a raíz de los resultados de una investigación sobre un vídeo que mostróuna seriede agresiones contra un grupo de confinados.Los hechos se remontan a la intervención de la Unidad de Operaciones Especiales efectuada en la Institución 292 deBayamónel pasado 21 de marzo de este año.

‘Me reafirmo en lo que reiteradamente he expresado, bajo mi secretariado, no se tolerará el abuso contra la población confinada. Aunque son personas que le han fallado a la sociedad, continúan siendo seres humanos y el trato hacia ellos tiene que ser digno y respetuoso. Nuestra misión en cuanto a los confinados es clara, custodiarlos y rehabilitarlos. Mi política es de cero tolerancia al uso excesivo de la fuerza’, destacó el titular de la agencia, añadiendo que la investigación sigue abierta.

El Secretario recalcó que el mismo día de la intervención, personal de alto rango que estaba presente le facilitaron a los confinados presentar la querella ante la Policía, lo que dio inicio a la investigación criminal que conduce la Fiscalía de Bayamón.

Asimismo, indicó que todos los empleados tienen derecho a una vista administrativa. La investigación reveló que se usó fuerza excesiva contra los confinados. Además, los investigadores concluyeron que estos agentes incluyeron información falsa en los informes.

También, fueron sancionados dos sargentos del DCRy un agente de seguridad y protección que observaron las agresiones y no intervinieron para evitar la posible comisión de delito, violación de derechos civiles o violación a los reglamentos y órdenes administrativas de la agencia. A estos se les notificó la intención de destituirlos del puesto que ocupan.

Igualmente, mencionó que un sargento y dos oficiales correccionales no rindieron los informes de incidente de uso de fuerza conforme a los Reglamentos del Departamento. También fueron notificados de la intención de suspenderlos de empleo y sueldo, 30 días laborables al aargento y 15 días laborables a los oficiales.