La Cámara de Representantes aprobó en Sesión tres proyectos de ley dirigidos a restaurar la afiliación obligatoria al Colegio de Abogados y restituir deberes y facultades que le fueron eliminadas en el pasado cuatrienio.

La primera medida fue el Proyecto de la Cámara 1356 de la autoría del presidente de la Cámara, Jaime R. Perelló Borrás con el propósito de devolverle al Colegio de Abogados de Puerto Rico la facultad de evaluar jueces y candidatos a jueces.

Le sigue el Proyecto de la Cámara 1366 que reestablecerá el requisito de colegiación como condición para ejercer la profesión de la abogacía en Puerto Rico y crear el Fondo de Acceso a la Justicia para asegurar recursos a instituciones que proveen representación legal a indigentes o poblaciones marginadas del país.

Mientras que el Proyecto de la Cámara 1367 restablecería el requisito de ser miembro del Colegio de Abogados, Abogadas y del Notariado de Puerto Rico para practicar la notaría.

De inmediato, el representante José Enrique ‘Quiquito’ Meléndez anunció que estará impugnando la validez constitucional de la Colegiación Compulsoria de los Abogados y Abogadas en Puerto Rico.

‘Tan pronto el gobernador convierta en ley la colegiación compulsoria estaré impugnando su constitucionalidad por razón de que su aplicación se convierte en un desaforo legislativo sumario de todos los abogados que no sean miembros del Colegio de Abogados, a todas luces, impermisible en nuestro sistema de justicia. Le corresponde al Tribunal Supremo únicamente la función de reglamentar la práctica de la profesión de la abogacía, por lo que la Asamblea Legislativa está impedida de imponer requisitos adicionales a los dispuestos por el Tribunal Supremo para ejercer la profesión. Cualquier actuación legislativa en esta dirección tendrá un efecto puramente directivo, no mandatorio’, mencionó Meléndez

El presidente de la Comisión de lo Jurídico, Luis Vega Ramos, encargado del proceso de vistas públicas sobre los proyectos, expresó ante el pleno, que existe un interés apremiante que tiene que ser protegido por la Asamblea Legislativa basado en que todas las personas que practiquen la abogacía en Puerto Rico, pertenezcan a un colegio integrado de abogados. Este debe representar una garantía para la ciudadanía con acceso a una representación legal digna, capacitada, íntegra y diligente. Asimismo, destacó, que el propio Colegio avaló la legislación en vistas públicas.

‘El respaldo de la medida fue al punto de que el Colegio sometió los datos de una consulta realizada entre la clase profesional. La misma arrojó que cerca del 70% de los participantes favorecieron la colegiación compulsoria’, expuso el representante.

Entretanto, el portavoz de la Mayoría, Carlos ‘Charlie’ Hernández López, destacó la importancia de atender asuntos de esta magnitud, especialmente al momento de nombrar o ascender a una persona a la judicatura. Asimismo, planteó que el Colegio de Abogados no debe tener ningún impedimento de hacer una evaluación y presentar un perfil de un nominado o ascendido a esa posición y presentarlo al Gobernador.

La Cámara también aprobó el Proyecto del Senado 368, que le devuelve la autoridad administrativa al juez presidente del Tribunal Supremo en distintas esferas de la Rama Judicial, que le fueron eliminadas en el pasado cuatrienio. Una de las facultades eliminadas y ahora restaurada al juez presidente es designar a los miembros de la Comisión de Evaluación Judicial.

Por otro lado, se aprobó la Resolución Cameral 562, para investigar las razones y las consecuencias de la alegada pérdida del 60 por ciento del agua potable producida por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que no se factura, así como los planes de la agencia para solucionar esa situación. La pérdida del agua afecta negativamente las finanzas de la corporación pública y para las expectativas de la población puertorriqueña que aspira a recibir un servicio eficiente a un precio justo.

Igual trato recibió la Resolución de la Cámara 617, para investigar el impacto de la Ley que creó la Administración de la Industria y Deporte Hípico en el desarrollo de pequeños negocios y los aspectos administrativos y presupuestarios del Hipódromo Camarero. La medida buscará identificar los aciertos y desaciertos que ha tenido la industria para mitigar los obstáculos que no han permitido el crecimiento sostenible de la Industria Hípica en Puerto Rico.

Se dio paso a la Resolución de la Cámara 618, para analizar la posibilidad de generar desarrollo socioeconómico y crear conciencia ambiental a través del fomento de pequeños y medianos negocios en el Lago Carraízo, Trujillo Alto.

Por último, se nombró a la licenciada Evelyn Benvenutti, como representante de interés público en la composición ciudadana de la nueva Comisión de Ética.

La Cámara recesó sus trabajos hasta el próximo lunes, 28 de octubre a la 1:00 de la tarde.