El representante novoprogresista Jorge Navarro Suárez presentó el martes una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y el Departamento de Justicia contra la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, a quien acusa de utilizar recursos públicos del municipio para el beneficio personal de la doctora Marina Román Eyxarch, directora del Hospital Municipal de San Juan.

Según la querella del representante, desde el 18 de octubre seis agentes de la Policía Municipal de San Juan y una patrulla, divididos en tres turnos, custodian en su residencia en Bayamón a la doctora Román Eyxarch, las 24 horas del día. Además, se alega que dos miembros de la escolta personal de la alcaldesa recogen en un vehículo oficial a la doctora para, desde Bayamón, transportarla hasta su trabajo en Río Piedras.

‘La acción de Carmen Yulín de utilizar policías municipales como escolta de funcionarios además de ilegal, reduce los recursos para combatir la criminalidad en San Juan y destina fondos públicos para fines privados. La Ciudad Capital pasa por su peor momento de seguridad, por lo que no podemos tolerar que los escasos recursos de San Juan se estén utilizando de forma ilegal en otros municipios’, expresó el legislador en un comunicado de prensa.

El representante por el distrito 5, que incluye parte de San Juan, aseguró en su querella que las actuaciones de la alcaldesa constituyen una violación a varios artículos de la Ley de Ética Gubernamental, puesto que la funcionaria utilizó su cargo para concederle a la doctora Román Eyxarch ‘beneficios o privilegios que no están permitidos por ley’.

De igual forma, acusó a la alcaldesa de violentar la Ley de Municipios Autónomos, ya que ‘coordinó servicios fuera de los límites territoriales de San Juan y no veló por que la población tuviera acceso, en igualdad de condiciones, al conjunto de los servicios públicos’.

‘Tanto la ley que establece el Cuerpo de la Policía Municipal como la Ley de Municipios Autónomos prohíben que Carmen Yulín coordine u ordene servicios policíacos fuera de los límites territoriales de San Juan. En todo caso que la Alcaldesa entendiera que existía motivo fundado para proveerle seguridad a uno de sus funcionarios de confianza fuera de los límites territoriales de San Juan, la ley dispone que venía obligada a coordinar el asunto con la Policía Estatal. Para colmo de males, para esta escolta de privilegio ilegal la señora Alcaldesa asignó a agentes de la División de Investigaciones Criminales del Municipio de San Juan, cuyo salario individual es de al menos 2 mil dólares mensuales’, concluyó.