El ex presidente de la Cámara de Representantes por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jose Aponte Hernández, denunció el lunes que la mayoría de los pilotos de helicópteros en la Policía, o un 75%, no cuenta con las certificaciones en instrumento para operar tres naves nuevas que fueron ordenadas y que llegarían a la Isla en diciembre.

El representante se refiere a las naves modelo Bell 429 a un costo de $34 millones, que la Administración de Servicios Generales obtiene por un préstamo.

Aponte mostró una carta dirigida el mes pasado al capitán Luis Kuilán, director de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) en la que agentes pilotos de helicópteros piden que se les adiestre en la operación de las naves para que todo el personal esté disponible para manejarlas. El adiestramiento provisto por el manufacturero costaríaunos $75,000 para 21 pilotos.

La policía cuenta con 27 pilotos, seis de ellos de avión. De los 21 de helicópteros, ocho son en comando, es decir, piloto principal. El resto sirve como copilotos. De los ocho en comando, cinco están asignados a la Base Aérea Salvador T. Roig en San Juan. Los demás, tres, sirven la región del sur de la Isla, explicó Aponte.

El legislador dijo que el plan de la Policía es designar a unos tres pilotos para que tomen el adiestramiento, y se certifiquen con el manufacturero de las naves, para que posteriormente instruyan a sus compañeros en la Isla.

La directora auxiliar de la FURA, Nilsa Bonilla, dijo que FURA está en proceso de enviar a tres pilotos a tomar el entrenamiento para volar los helicópteros como parte del paquete de compra de los mismos.

‘Solicitamos dinero a la policía ya para enviar a otros cuatro policías que cumplen con los requisitos para entrenamiento,’ afirmó Bonilla al explicar que el adiestramiento costaría unos $60,000 o más.

Aclaró que la policía está en proceso de comprar un cuarto helicóptero modelo 407. Los helicópteros que se ordenaron a la compañía Ecolift no comenzarán a operar en diciembre porque los van a traer a la isla para ensamblaje, aseguró Bonilla.

Los helicópteros serían arrendados por la Policía a la Administración de Servicios Generales (ASG). Antes de renunciar a la Superintendencia, Pesquera se había desentendido de la compra millonaria ya que la ASGfue responsable de la transacción y ni siquiera había verificado los documentos de la misma.

No obstante, NotiCel pudo constatar que la legislación que haría viable el préstamo para la compra de los mismos todavía no ha sido aprobado por la Legislatura. Bonilla dijo desconocer acerca de la medida de La Fortaleza.