En una orden emitida anoche, el juez federal Francisco Besosa determinó que el exsenador Hector Martínez y el empresario de servicios de seguridad Juan Bravo, no están ‘absueltos’ de sus cargos federales, como el mismo había indicado erróneamente en una orden previa, sino que las convicciones en dichos cargos meramente quedan sin efecto, por lo que la fiscalía federal podría proseguir con un nuevo juicio.

‘[E]s un error de transcripción, no un error de derecho’, dijo el juez en su orden en la que deniega las solicitudes de la defensa de Bravo y Martínez para que lo que prevaleciera fuera la orden original en la que decía que el dúo estaba ‘absuelto’ de los cargos.

Esta nueva secuela del juicio contra Martínez y Bravo ocurre después de una decisión del Primer Circuito de Apelaciones en la que se dictaba que algunos cargos serían revocados y otros serían dejados sin efecto para dejar espacio a cualquier otro procedimiento posterior pertinente.

El fiscal federal Peter Koski alertó al juez que lo que pasó con los cargos de pago ilegal es que quedaron sin efecto y adelantó que la fiscalía mantenía la capacidad de volver a enjuiciar al dúo. En ese nuevo juicio, la fiscalía seguiría la orden del Circuito de usar una instrucción distinta a la hora de someter el caso al jurado para que, en vez de pedirles que deliberen sobre hechos constitutivos de pagos de regalía, lo hagan sobre la modalidad de soborno.

Martínez y Bravo habían sido convictos en marzo de 2011 por soborno y extorsión porque el primero aceptó del segundo un viaje con gastos pagos a Las Vegas para ver una pelea de Félix ‘Tito’ Trinidad mientras era legislador y Presidente de la Comisión de Seguridad del Senado. Bravo, entonces dueño de la compañía de seguridad Ranger American, pagó el viaje a cambio de que Martínez impulsara una serie de proyectos en la Legislatura que luego beneficiaría a las empresas seguridad, pero los proyectos nunca se aprobaron.

Ambos cumplían una sentencia de cuatro años, cuando en enero el Primer Circuito de Apelaciones ordenó su libertad bajo fianza mientras se dilucidaba la apelación del caso, tras determinar que hubo potenciales errores en las instrucciones del jurado que podían ser conducentes a un nuevo juicio. Ante la orden de Boston, Besosa ordenó la excarcelación inmediata de los dos.