El presidente de la Fundación Lucha Pro Padres Convictos Por Pensión, Valentín Valdes Ayala, fue arrestado por las autoridades federales por fraude a la Ley de Quiebras y Manutención.

En rueda de prensa, la fiscal federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, informó que el acusado, que no es abogado, tramitaba casos de quiebras falsas de padres para que no pagaran la pensión alimentaria a la Administración de Sustento de Menores (ASUME).

El sujeto radicó de agosto 2010 a noviembre 2013 unas 412 peticiones de quiebras bajo el Capítulo 13 representando a personas encarceladas por no cumplir por sus pagos de pensión a ASUME.

‘Valdés Ayala le prometía a sus clientes que serían excarcelados en menos de 24 horas y que no tendrían que hacer nungún otro pago a ASUME. A veces, también les prometía que les iba a eliminar o reducir la deuda con la agencia gubernamental’, indicó la fiscal federal, al explicar que el hombre solicitaba un pago de 1,500 dólares en efectivo o ‘money order’ para gestionar la radicación de quiebras.

Valdés Ayala, quién también creó la organización ‘Tears in Prision’, presentaba la solicitud de quiebra pero de forma incompleta en donde el único acreedor era ASUME. ‘Las personas preferían pagar 1,500 dólares a este señor en vez de pagar sus deudas a sus niños menores de edad para que comieran’, sostuvo.

Por su parte, Carlos Cases, director del Negociado Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, manifestó que el imputado supo cómo aprovecharse y tomar ventajas de las personas con deudas en ASUME. ‘Este señor, Valentín Valdés Ayala, hay que darle 4 puntos. Se graduó. Hay que darle A por creatividad e iniciativa. Esto se lo inventó él, no más nadie’, señaló.

Aunque el Tribunal de Quiebras ya había solicitado que Valdés Ayala desistiera del esquema, este continuó con el mismo. ‘El siguió radicando las solicitudes a pesar de la orden. Yo puedo decir que descaradamente siguió radicando. No le importó la ley ni los niños’, dijo Rodríguez.

De ser hallado culpable, Valdés Ayala se enfrentaría hasta 30 años de cárcel por los delitos imputados.