La directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, indicó que hay asuntos que esa dependencia está investigando, por lo que fue parca en sus comentarios sobre el caso criminal que se sigue contra el exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía.

Rosario reveló, además, en el programa ‘Esa es la pregunta’ que es testigo del Fiscal Especial Independiente en el caso.

La funcionaria restó importancia a las declaraciones que ha hecho Sagardía y sus abogados defensores en el sentido de que las acusaciones en su contra se pudieron haber resuelto de forma administrativa.

‘La Ley de Ética tiene dos vertientes. Está la vertiente administrativa y está la vertiente penal, o sea, ambas cosas. Lo que pasa es que lo penal quien lo administra es, o el Departamento de Justicia a través de sus fiscales, o el FEI’, dijo Rosario.

Los abogados del exfuncionario de la administración de Luis Fortuño, Carlos Sagardía y José Miguel Sagardía, han dicho públicamente que las acusaciones criminales en contra de su familiar son producto de una vendetta del otrora titular de Justicia, Guillermo Somoza.

Es una vendetta? Se le preguntó a Rosario.

‘Yo soy abogada, hace 34 años, así que puedo entender cuando un abogado, en este caso un abogado que además es hijo de la persona a quien se le imputa una violación de ley, diga expresiones de esa naturaleza, así que no me sorprende. Lo que pasa es que, por lo menos, en cuanto a la Oficina de Ética Gubernamental se refiere nuestra función es investigar y procesar. Es inmaterial las motivaciones que tuvo la persona si nosotros logramos encontrar suficiente prueba para nosotros llevar nuestro caso hasta feliz término’, destacó Rosario en el programa televisivo.

Rosario no quiso contestar preguntas directas sobre si su testimonio girará en torno a las acusaciones en las que está implicado el coacusado Víctor Ramos, un abogado con el que Sagardía presuntamente compartió gastos de oficina, incluyendo una computadora y la secretaria.

‘No puedo hablar. Ahora mismo estamos bajo la regla del tribunal, así que no puedo decir cuál es la participación, pero sí puedo decir que hay una participación de la Oficina de Ética (en el caso)’, destacó la directora de la OEG.

Sagardía está acusado de siete cargos de malversación de fondos públicos.

El fiscal especial independiente, Guillermo Garau, ya sometió la evidencia en la vista de causa para arresto en alzada en la que intenta probar otros siete cargos contra el exsecretario de Justicia por intervención indebida y violación a la Ley de Ética Gubernamental.

La defensa anunció, por su parte, que sentaría a declarar a la jueza del Tribunal de Apelaciones, Aleida Varona Méndez, quien integró un panel de tres jueces que accedió a conceder una vista de nuevo juicio a un cliente de Ramos, José Marrero, convicto por asesinato en 1996.

La vista para que la jueza del foro apelativo se siente en el banquillo como testigo de defensa está señalada para el próximo lunes.

Paradójicamente, Varona Méndez también formó parte del panel de jueces apelativos que en diciembre de 2012 falló a favor de la pasada clienta de Sagardía, Ana Cacho, en el caso de familia por la custodia de sus hijas.

En una sentencia que posteriormente fue revocada por el Tribunal Supremo, el panel de jueces apelativos compuesto por Varona Méndez, Emmalind García García y María del Carmen Gómez Córdova, revocó una sentencia de la jueza Sonia del Toro y se ordenaron visitas supervisadas entre Cacho y sus hijas, que en marzo de 2010, cuando asesinaron a Lorenzo González Cacho, tenían 5 y 13 años. Cacho no ve a las menores desde el 30 de marzo de 2010, cuando las niñas fueron removidas por el Departamento de la Familia y su custodia concedida al padre, Ahmed Alí González.