Miembros de la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN) exigieron a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que actúe sobre una querella radicada por la organización tras la agencia haber emitido un permiso para el movimiento y extracción de material de la corteza terrestre en terrenos designados como parte de la Reserva Natural del CEN.

Según Angie Colón, presidenta de la Coalición Pro CEN, la querella fue radicada en noviembre de 2012 y 14 meses después, la agencia no ha tomado determinación alguna.

‘Es una irresponsabilidad que OGPe haya otorgado el permiso, pero más aún, que la extinta Oficina del Inspector General de Permisos (OIGPe) no haya hecho algo con nuestra querella en todo este tiempo y, con ello, haber tomado las medidas correspondientes contra aquellos funcionarios que incumplieron con su deber, incluyendo haber exigido la restauración de los terrenos impactados. Ante los cambios recientes hechos a la Ley de Permisos, solicitamos al Arq. Alberto Lastra, Jefe de OGPe, a que tome acción inmediata sobre nuestra querella’, denunció Colón en declaraciones escritas.

Detalló que el permiso, emitido el 31 de julio de 2012, autorizó, a modo de una cantera, la extracción de 1,500 metros cúbicos de terreno en el CEN (ver fotos adjuntas al final). El mismo fue otorgado a Colonial Parking, Inc., cuyo presidente, Miguel A. Cabral Veras, fue uno de los empresarios implicados en el esquema de donaciones tras el cual fue convicto por las autoridades federales el exsenador Jorge De Castro Font.

Luis Jorge Rivera Herrera, planificador y científico ambiental de Iniciativa para un Desarrollo Sustentable (IDS) y miembro de la Coalición, explicó por su parte, que ‘OGPe otorgó ilegalmente el permiso ya que para ese entonces estaba vigente la Ley de la Reserva Natural del CEN (Ley Núm. 126 de 25 de junio de 2012) la cual establecía como política pública la preservación, conservación y restauración de toda esta área. A su vez, parte de los terrenos objeto del permiso habían sido calificados como un distrito de preservación de recursos, por lo que OGPe también violentó los usos autorizados mediante reglamento por la Junta de Planificación’.

Añadió que ‘OGPe actúo también de forma irresponsable, puesto que eximió a los solicitantes del permiso de llevar a cabo algún tipo de análisis de impacto ambiental, según exige la Ley de Política Pública Ambiental de Puerto Rico, lo que era necesario por tratarse de un área natural sensitiva como el CEN’.