La legislación represiva para controlar la venta y distribución de la marihuana ya cumplió su tiempo. Al menos, así lo entendió el gobierno uruguayo que en diciembre de 2013 propulsó una nueva ley para tomar las riendas del producto que genera sobre $30 millones al año.

La creciente criminalidad a causa del mercado ilegal del narcotráfico llevó a Uruguay a convertirse en el primer país en donde el estado se proclama como único productor y regulador de la marihuana. Pese a la crítica que ha contrariado al gobierno del presidente José ‘Pepe’ Mujica ante la jerarquía de la ONU, las autoridades de ese país aseguraron que la medida es eficiente en el combate del narcotráfico tras el fracaso probado de las medidas punitivas.

En el país con una población de 3.3 millones de personas, hubo 151 asesinatos en el primer semestre de 2013. Esto son 285 menos asesinatos de los que tuvo Puerto Rico para la misma fecha.

En momentos en que se discute, en Puerto Rico, la implementación del proyecto del Senado 517, que propone la despenalización de la marihuana para fines médicos, el asesor jurídico del Ministerio de Salud de Uruguay, el doctor Fernando Rovira, visitó la isla para participar de la primera Cumbre Odontológica. El doctor dialogó incluso con algunos de los asesores de los legisladores que intentan propulsar la medida.

Las recomendaciones que tiene para Puerto Rico, sin embargo, son limitadas debido a las diferencias socio políticas entre ambos países. Aseguró que gran parte del éxito en la aprobación de la ley se debió al proceso largo de discernimiento entre todas las partes. ‘Se escucharon todas las voces y se recibieron todos los aportes para tener un instrumento legal lo más perfecto posible dentro de esta temática, que es muy compleja y opinable’, comentó Rovira.

Uruguay tiene similitudes con Puerto Rico a nivel de idioma, población, sistema de gobierno con rama ejecutiva, judicial y legislativa, y alto nivel de alfabetización, así como de orgullo patrio.

La nueva ley limita la cantidad de acceso a la droga, pero asegura la calidad para que la política de reducción de riesgo y daño tenga los menores efectos posibles para la salud, según el médico. El estatuto permite la posesión de marihuana de hasta un máximo de seis plantas por familia, la

compra de hasta 40 gramos al mes por parte de las farmacias, y el cultivo de un máximo de 99 plantas en los clubes de membresía.

Rovira aseguró que la medida irá acompañada de todos los mecanismos de seguridad necesarios ya que implica de un cuidado extremo y preservación de la sustancia en si misma.

Indicó que el gobierno reconoce que las medidas punitivas y de seguridad serán un factor determinante para aplicar la ley y lograr desplazar al mercado ilegal. ‘Naturalmente, no es un pase de mando. Esta es una disputa que le hace el gobierno al narcotráfico. No va a estar exenta de dificultades, pero el gobierno se ha trazado una línea muy clara para poner a funcionar un mercado de marihuana legal’.

Pese a que la ley no ataca los puntos de otras drogas ilícitas como la cocaína y la heroína, el asesor aseguró que en su país el 80% del consumo de drogas es por marihuana.

El asesor no quiso especificar las estimaciones de recaudo que generará el estado, mas aseguró que la importación y el cultivo serán autosustentables debido a que el estado recaudará sus propios recursos de la licencia que otorgan a las farmacias para vender la marihuana, de las donaciones que el organismo reciba de terceras personas, así como de las multas que se apliquen por incumplimiento de la ley.

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