El juez superior Ángel Pagán Ocasio se reservó este viernes la decisión de la moción de desestimación que solicitó el Departamento de Justicia ante la demanda radicada por la Diócesis de Arecibo que busca limitar la información que la institución eclesiástica debe entregar a las autoridades civiles para encausar victimarios de abuso sexual.

El magistrado también se reservó en la vista de interdicto preliminar permanente que la protección de confidencialidad se decidirá de acuerdo al desfile de prueba en sala y dio paso para que una de las alegadas víctimas se una al recurso incoado por el Obispado de Arecibo.

La representación legal del obispo Daniel Fernández Torres informó que dos testigos declararán en el proceso. El primero será el perito en Derecho Canónico, monseñor Elías, quien está adscrito a la Diócesis de Arecibo. El vicario general, Luis Alberto Colón Rivera, será el segundo que testificará, aunque su declaración podría ser de forma confidencial.

‘El juez reconoció que con la información entregada a la Fiscalía de Arecibo hay un interés real y genuino que se está llevando la acción de cooperar con las autoridades de ley y orden’, subrayó Frank Torres Viada, representante legal del obispo arecibeño, sobre los documentos que el Ministerio Público recibió de las autoridades eclesiásticas.

De forma similar, José Andreu García, el otro abogado de Fernández Torres, sostuvo que la Iglesia Católica ha ofrecido su cooperación a las autoridades para que investiguen los casos en donde los menores han sido perjudicados. ‘La Iglesia tiene que respetar los derechos de cualquier víctima a la privacidad y confidencialidad. Hoy ha quedado reconocido que los planteamientos de la Iglesia son serios y constitucionales que no se pueden despachar con lo que se ha escuchado que la Iglesia quiere estar por encima de la ley’, manifestó a su salida del recinto judicial.

Ambos abogados coincidieron en sus alocuciones que de 20 víctimas de abuso sexual, 16 fueron actos consentidos, dos preescribieron, y otros dos se llevaron a foros civiles, pero las autoridades los archivaron. ‘Lo que se solicita no tiene nada que ver contra delitos sexuales contra menores; tiene que ver con personas adultas con relaciones sexuales consentidas. Nadie en Puerto Rico puede entender que es contraria a ley que dos personas tengan relaciones sexuales consentidas, de la forma que sea’, agregó Torres Viada más temprano.

La representación legal del Obispado estableció que la solicitud de Justicia lacera la imagen de las víctimas y logra revivir esas experiencias que ya las autoridades eclesiásticas resolvieron.

Sin embargo, la representante del secretario de Justicia, la licenciada Claudia Juan García, puntualizó que la Iglesia Católica no puede determinar qué es delito ni dar por ‘resuelto’ internamente el asunto porque ello no representa que esos pederastas no estén delinquiendo. ‘Tengo que asegurarme que esa persona (exsacerdote) que está hoy en la calle no vuelva a cometer el delito. El Estado lo único que quiere es que se nos permita hacer nuestro trabajo. Todos los días se nos pide que hagamos nuestro trabajo, pero una Diócesis no nos quiere proveer información por lo que impide que investiguemos’, explicó la letrada, quien planteó en varias ocasiones que los documentos que la agencia recibió son insuficientes.

‘Nuestra posición es que procede la entrega de todo documento. Aquí no aplica el privilegio de la confesión sacramental. Estamos solicitando que se nos diga quién abusó de un menor o un no menor, independientemente si fue consentida o no. No le estoy diciendo a nadie como van a llevar sus ritos religiosos’, añadió Juan García.

La abogada comentó que la negativa a entregar documentos sólo beneficia al victimario, y que es un interés apremiante del Estado proteger la vida de todos los ciudadanos de la sociedad, independientemente su fe religiosa.

La controversia entre la Diócesis de Arecibo y el Departamento de Justicia surge luego que seis sacerdotes fueran expulsados por El Vaticano, luego que se confirmaran conductas reprochables hacia sus feligreses. Esa expulsión desencadenó una denuncia contra el propio obispo, quien aseguró que los señalamientos responden como una ‘venganza’ por las acciones que tomó desde que asumió el puesto.

Otro asunto que inició la pesquisa fue la confesión que hiciera el arzobispo metropolitano de San Juan, Roberto González Nieves, quien reveló que la Iglesia Católica en Puerto Rico había pagado dinero a víctimas de abuso sexual como recompensa por los atropellos sufridos.

El proceso continuará el viernes, 7 de marzo en horas de la mañana en la sala 904 del Tribunal de San Juan.