El Senado realiza una investigación sobre el uso de los llamados fondos ARRA, mientras la Cámara incluyó en agenda para votación este mes una investigación realizada por dicho cuerpo legislativo el año pasado que concluyó que no se podía determinar el impacto en la economía de $5,000 millones en fondos de estímulo federal porque la agencias encargadas de monitorear su uso no cumplieron su deber.

‘No se pudo identificar el éxito o fracaso de programas en particular porque tanto la agencia como la empresa llamadas a velar por el fiel cumplimiento de la letra de la ley, no pudieron demostrar el cumplimiento de su deber ministerial y contractual’, concluyó el informe de la RC0083, firmado por el exrepresentante Eduardo Ferrer Ríos el cual fue incluido en el calendario del votación de la sesión del 13 de febrero a pesar de la investigación se hizo a principios del 2013.

El 17 de febrero de 2009, el Presidente Barack H. Obama firmó la Ley ARRA la cual respondía a la necesidad de estimular la economía en los estados, los territorios y Puerto Rico, a raíz de la recesión económica provocada por la crisis hipotecaria y la consiguiente carencia de crédito.

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico recibió $7,252 millones dirigidos, principalmente a educación, salud, asistencia social, energía, tecnología e infraestructura. De estos, $2,000 millones se le asignaron a distintas agencias federales y $5,252 millones restantes al gobierno estatal. La ley designó y autorizó a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI), como la entidad gubernamental líder encargada de gestionar, recibir, custodiar y administrar todos los recursos (fondos, subvenciones y cualquier otro tipo de asistencia) recibidos bajo ARRA.

El 22 de junio de 2009, la Junta de Gobierno de la AFI aprobó el contrato número 2009-000335 suscrito entre la AFI y la CSA Group, Inc (CSA). Dicho contrato estableció a la CSA como facilitador para las agencias y municipios recipientes de fondos ARRA, así como brindar apoyo técnico a los recipientes de los fondos. Dicho contrato se enmendó en 26 ocasiones para añadir distintos proyectos y funciones y se le pagó a CSA sobre $30 millones.

Uno de los señalamientos encontrados en el informe que data de una investigación fue que el Departamento de Educación usó fondos ARRA para usos operacionales porque se los restaron de su presupuesto de fondos estatales. ‘Ramón L. López de Azúa, Director de la Oficina de Asuntos Federales (OAF) del Departamento de Educación de Puerto Rico dijo que el DE produjo un esquema financiero mediante el cual se utilizó dinero federal condicionado a usos específicos para cubrir gastos operacionales del DE mientras se le restaba el dinero asignado a través del presupuesto estatal’, dice el informe. Esta información fue confirmada la semana pasada durante una vista en el Senado.

Durante los años fiscales 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012 se disminuyeron las asignaciones estatales. Dicha reducción fue cubierta con fondos federales. En el 2009-2010 la proporción de fondos fue 58% de fondos estatales y 42% de fondos federales. La agencia recibió sobre $1,000 millones en fondos ARRA.

Según López de Azúa, el DE pagó nómina, utilidades y cubrió necesidades del DE con los fondos ARRA provocando que hoy día el DE confronte un déficit presupuestario, ya que utilizaron dinero no recurrente para subsidiar gastos recurrentes y programas

De otra parte, el informe dice que la licenciada María del Pilar García Incera, directora de la División Legal de la AFI, señaló su posición con respecto al desfase que hubo entre la Ley de los fondos ARRA y la realidad en cuanto a su participación en el manejo de los fondos ARRA.

Dijo que la ingeniera Valentina Santeliz trabajó durante la administración pasada en el manejo de los fondos ARRA e indicó que la AFI contaba con una división liderada por un director y estos eran los responsables de verificar las facturas sometidas por la empresa CSA, la cual fue contratada para monitorear los fondos, e indicó que la CSA rendía informes semanales y mensuales.

No obstante, indicó que la AFI no contaba con el personal para constatar que el trabajo reportado se haya realizado, según el informe.

Además, García Incera indicó que la AFI no contó con el presupuesto para realizar auditorías relacionadas a los fondos ARRA. Por su parte, tampoco tenía la información para hacer un análisis ni la memoria histórica, ya que la mayor parte del personal que trabajó los fondos ARRA actualmente no laboran en la agencia.

Asimismo, durante la vista salió a relucir que la AFI solicitó al BGF una línea de crédito de $7,300,000 para los gastos generados por la administración de los fondos ARRA. Sin embargo, no contaba con una fuente de repago.

El 29 de abril de 2013, Jesús J. Suárez Rodríguez, presidente de la CSA Group, Inc, dijo que la compañía ayudaba a CSA en la gestión de cómo implementar la ley ARRA en las agencias.

No obstante, el informe encontró discrepancias en el testimonio. El informe indica que la CSA dijo que las decisiones se tomaban en grupo y que la CSA hacía recomendaciones y asesoraba. De la misma forma, les indicaban a las agencias cómo gastar el dinero.

‘Añaden que la CSA tenía distintas divisiones de trabajo dentro de las cuales se encontraban: la división de asesoría y cumplimiento, pero no supervisaban las obras o proyectos. Posteriormente señalan que la CSA y AFI eran responsables del ‘oversight’. A pesar que la CSA indica que poseía una división de cumplimiento, aclara que los responsables era las agencias recipientes de los fondos’, dice el informe.

‘Por otra parte, se limitaron a identificar los programas y fondos ARRA pero no abundaron sobre la efectividad de los mismos’, indicó el informe.

CSA recibió sobre $30 millones como parte del contrato.

La investigación cameral mencionó en el informe dos auditorías federales, una del 2009 (ED-OIG/A04K001) y otra del 2011 (ED-OIG/A04M0014), que se hicieron en la Oficina del Gobernador y en el DE que encontraron falta de controles internos y de documentación sobre el uso de los fondos ARRA.

El informe indica que los fondos ARRA fueron un componente medular de la estrategia fiscal durante la pasada administración pero su impacto no se puede determinar.

‘Cabe preguntarnos por qué no tuvo el efecto esperado. De las propias ponencias y los testimonios vertidos, la Comisión, no puede determinar la función que realizó la CSA ni la AFI. De la misma forma, no se pudo identificar personal responsable por la supervisión de los trabajos realizados por la CSA’, indicó el informe, cuya votación en la Cámara fue pospuesta.

*Corregida a las 12:38 p.m.*