El presidente de Funerarias Nativas e Independientes (FUNAI), Inc., Oscar Santiago, anunció el miercoles la presentación de una solicitud de interdicto ante el Tribunal de San Juan contra Servicios Funerarios Católicos, Inc.(SFC), para que cesen y desistan de utilizar los templos y capillas como funerarias.

FUNAI le atribuye a SFC una práctica de competencia ‘desleal e injusta’ al plantear que, aprovechándose de que las iglesias son entidades sin fines de lucro que gozan de exenciones contributivas de parte del Gobierno, utilizan estas facilidades para ‘participar de actividades comerciales y lucrativas’.

Según la secretaria de FUNAI, Norali González, la SFC lleva cuatro meses llevando a cabo esta práctica que violenta las leyes y reglamentaciones vigentes al vender pre-arreglos funerarios sin contar con los permisos y mucho menos una funeraria.

En ese sentido, el abogado de FUNAI, Pablo Fuentes Torres, hizo referencia al artículo 4.01 de la Ley 258 del 2012, que dispone que ‘toda empresa para proveer servicios fúnebres operará desde uno o más locales debidamente autorizados por la Oficina de Gerencia de Permisos, y con licencia sanitaria a ser expedida por el Secretario de Salud. Deberá cumplir, además, con todos los requisitos dispuestos por las leyes y reglamentos de Puerto Rico, y con aquellos dispuestos mediante ordenanza del municipio donde esté operando sus facilidades. Todo servicio funeral o de cremación que conlleve velorio, enterramiento, traslado a otros países o cremación, deberá ser ofrecido por una funeraria o un crematorio debidamente licenciado y autorizado por los distintos Departamentos y/o dependencias del Gobierno de Puerto Rico’.

De hecho, Santiago afirma que las promociones de estos servicios se han dado desde el púlpito de algunas iglesias.

Tanto Santiago como González destacan que, por el contrario, las funerarias tienen que cumplir con las leyes vigentes, el pago de contribuciones, el CRIM, las patentes, las licencias sanitarias, entre otros.

El reclamo de FUNAI es que si SFC va a vender este tipo de servicios debe también cumplir con las leyes vigentes, pagar sus contribuciones y tener sus propias funerarias.

Para Santiago, de continuar esta práctica, el efecto adverso contra las funerarias se vería de aquí a 4 o 5 años.

Este reiteró que ‘nosotros no estamos atacando a nadie, nosotros nos estamos defendiendo. A nosotros nos están invadiendo’, sentenció.