El monitoreo del Plan de Agua de Puerto Rio se vio seriamente afectado por los recortes de personal producto de la Ley 7 de la administración del ex gobernador Luis Fortuño que redujo a los funcionarios a cargo del plan a solo una persona. Esa situación resultó en que se malversaran los fondos y no se hiciera el trabajo de monitoreo del importante recurso natural.

‘Solo había una persona en la oficina del Plan de Agua. No había personal que trabajara el componente tan importante de monitoreo, no había personas trabajando el tema de análisis técnico, conocimiento y seguimiento a las condiciones de los acuíferos’, dijo al Centro de Periodismo Investigativo Carmen Guerrero, secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Sin embargo, Guerrero entiende que la mala administración de los fondos no se debió sólo a la falta de personal sino a la falta de voluntad y de prioridad en cuanto al recurso del agua en Puerto Rico.

Actualmente la Oficina de Monitoreo de Plan de Agua es dirigida por María Elena Torres, quien también la dirigía durante la pasada administración. Pero Guerrero entiende que la responsabilidad del mal manejo de fondos recae sobre el ex secretario, Daniel Galán Kercadó.

En el Artículo 5(a) de la Ley 136 se establece, entre otras cosas, que el Secretario del DRNA tendrá la atribución y facultad de preparar, adoptar y mantener un plan integral de conservación, de desarrollo y del uso de los recursos de agua, en consulta con el Comité de Recursos de Agua. El Plan estaba supuesto a precisar los usos actuales de los cuerpos de agua del País y que proyectar sus usos futuros.

Para qué se usaron los fondos del agua?

El pago de dietas, gastos de viaje, servicios profesionales, arrendamiento de equipos, reparación y compra de vehículos y materiales de oficina fueron el paradero de más de ocho millones en fondos públicos destinados originalmente para la protección de los cauces de los ríos, el manejo de la sedimentación de los embalses y de los períodos de sequía, entre otras áreas de la administración de las aguas del País.

Así lo señala una auditoría realiza por Oficina de la Contralora para los años 2009 y 2012, que concluye que el Secretario y la Oficina de Monitoreo no implantaron ni desarrollaron el Plan de Aguas adoptado en 2008.

Esta acción tuvo el efecto de poner en riesgo ‘la planificación y la administración presente y futura de las aguas para el bienestar, la seguridad y el desarrollo del País, y la seguridad del abasto de aguas que precisen las generaciones puertorriqueñas presentes y futuras’. Además, impidió que se utilizaran los fondos de agua de una cuenta especial ‘para establecer programas dirigidos a conservar y mejorar los recursos de agua de Puerto Rico’.

El informe detalla que los fondos, $9,406,900, fueron desembolsados de la cuenta especial del Fondo de Aguas para los años fiscales del 2009 al 2012. De estos desembolsos, $8,380,416 (89%) se efectuaron para propósitos contrarios a lo establecido por Ley.

El ex secretario del DRNA, Galán Kercadó, presentó objeciones a los hallazgos de Contraloría argumentando que el informe no indica cómo se llegó a la determinación de que tal o cual desembolso no cumple con la Ley.

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