Todos los casos de pederastia que involucran sacerdotes, y que han salido a la luz pública, están siendo investigados por las diferentes fiscalías a traves de la isla, confirmó el fiscal general Jose Capó, y dejó la puerta abierta para que una vez concluyan las investigaciones se sometan casos por encubrimiento entre los jerarcas de la iglesia.

De acuerdo al fiscal general,MayagüezyCaguasse unieron a la pesquisa de San Juan yArecibo,requiriendo información a lasrespectivas Diócesis. En San Juan hay seis casos, enAreciboigual número, enMayagüeztres, y enCaguasuno.

A preguntas deNotiCel, Capó dejó la puerta abierta para acusar por encubrimiento a los jerarcas de la iglesia católica.

‘De la investigación, una vez se complete cada una de esas investigaciones, de la forma y la manera cómo se procedió eso es parte de lo que vamos a evaluar para determinar’, declaró.

El funcionario explicó que hay dos casos más adelantados, de los que ya uno tiene fecha de citación para radicar cargos, yque se cuenta con el testimonio de las víctimas así como de otros testigos.

Capó confirmó que la Fiscalía de Arecibo emitió una citación para radicar cargos el 6 de marzo en contra del ex sacerdote Edwin Mercado Viera. ‘Esta radicación de cargos es el resultado de las investigaciones que hemos realizado con relación a los alegados abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes en la Diócesis de Arecibo de la Iglesia Católica’, sostuvo.

‘Hemos podido levantar y acumular la prueba suficiente para satisfacer el quantum de prueba de un tribunal. Incluye todo tipo de prueba que se ha podido levantar testifical, documental, científica y toda la que se ha podido levantar y ha estado disponible’, afirmó Capó a la prensa.

Capó precisó que en el caso del cura Ovidio Pérez, a quien se le imputa haber abusado sexualmente de un menor en Corozal, ya ‘esa querella se está investigando por Delitos Sexuales de Vega Baja’. Pérez también pertenece a la Diócesis de Arecibo.

El Fiscal General no quiso dar detalles del contenido de la querella señalando que es parte del ‘sumario fiscal’, que es confidencial.

En el caso de San Juan, cuyo arzobispo Roberto González Nieves,entregó el viernes voluminosos expedientes que involucran a seis sacerdotes a los que se le imputa abuso sexual contra menores ya comenzó la evaluación.

‘En este momento, nosotros estamos recibiendo los expedientes y lo estamos evaluando. Eso en su momento se informará de los hallazgos de la investigación y se hará público’, dijo el fiscal, quien indicó que la prueba que se ha podido levantar contra los sacerdotes de la Diócesis de Arecibo es por el trabajo que ha hecho la fiscalía y no por la cooperación del obispo Daniel Fernández, quien impugnó en el tribunal el requerimiento de información que le hizo el Departamento de Justicia.

Los seis sacerdotes expulsados de la Diócesis de Arecibo tras ser hallados culpables en el proceso canónico son: Andrés Dávila Pérez, Edwin Mercado Viera, Pedro Hernández, Tomás Pagán Rivera, Efraín Montesino Rivera, y José Colón Otero, el único que apeló su expulsión ante la Santa Sede en El Vaticano.

Los nombres de los sacerdotes de San Juan no han salido a la luz pública, excepto el de Raúl Sáez, de quien Justicia recibió tres expedientes que incluyen a cuatro víctimas, precisó Capó. Los demás nombres no fueron divulgados.

Precisamente, el viernes, 7 de marzo, continuará la vista en la que la Diócesis de Arecibo impugnó el requerimiento de información que le hizo Justicia. El caso es atendido por el juez superior de San Juan, Ángel Pagán Ocasio.

El obispo Fernández busca que el juez ordene que no se le obligue a divulgar el nombre de las víctimas de los seis sacerdotes pederastas expulsados.

Por último, Capó defendió la gestión de Justicia que busca evitar que otros menores sean abusados por pederastas con sotanas.

‘El Estado tiene un interés sumamente apremiante por evitar y erradicar este tipo de conducta de abuso sexual contra menores de edad y esa es la argumentación que el Departamento de Justicia ha presentado en el pleito civil y es el motivo de nuestra injerencia y la solicitud de información que hemos hecho hasta diócesis católicas. Ciertamente, no vamos a permitir y si podemos detener esta situación, lo vamos a hacer’, destacó.