La expresidenta de la Junta Reguladora de Telecomunicaciones, Sandra Torres, demandó al gobernador Alejandro García Padilla por discrimen político por ‘usurpar’ su puesto al nombrar a Javier Rúa Jovet como presidente de la JRT y quien tambien figura como demandado.

En la demanda radicada en el Tribunal Federal, Torres solicita que se declare que el Gobernador no podía removerla de su posición por ésta tener un interés propietario al puesto, que se reinstale como presidenta de la JRT y que se ordene a los demandados pagarle $4 millones en daños compensatorios, emocionales y punitivos. Además, solicita que se le paguen salarios y emolumentos dejados de devengar.

Torres fue nombrada presidenta de la JRT en el 2009 por el exgobernador Luis Fortuño en el 2009 y es una miembro del Partido Nuevo Progresista que fue considerada para un puesto electivo en las pasadas elecciones.

Según Torres, el Senado la confirmó presidenta de la JRT por un término fijo de seis años establecido por ley. Ese periodo termina en noviembre del 2015 y, por lo tanto, Torres alega tener un interés propietario sobre el puesto y una expectativa de empleo hasta esa fecha.

‘El lenguaje de la ley de la JRT al momento del nombramiento de Torres no contenía ningún lenguaje otorgándole al Gobernador la facultad de remover al presidente de la junta de su posición a menos que mediara justa causa o negligencia o alguna razón’, dice el documento.

No obstante, en abril del 2013, el gobernador enmendó la ley que rige la JRT para establecer que el puesto de presidente de la Junta es uno de libre remoción. La nueva ley aumentó la cantidad de miembros de la JRT de tres a cinco. ‘Es obvio que la alegada reorganización se hizo con el único propósito por parte de los demandados de salir de Torres simplemente por su afiliación política a la pasada administración y no al nuevo gobierno del (Partido Popular Democrático) y sustituirla por un nuevo presidente con un nombramiento de seis años’, sostiene la demanda.

En julio, Rúa Jovet se personó a la JRT alegando que fue nombrado por el Gobernador y confirmado por el Senado como presidente de la Junta. Torres sostiene que ella no recibió ninguna carta informándole que fue sustituida o que se estaba considerando a otra persona para ocupar su plaza.

Para evitar confrontaciones y por razones personales, Torres dijo que no cuestionó el nombramiento de Rúa Jovet y que, desde entonces, se ha mantenido en la JRT como miembro asociado, una posición a la cual no fue nombrada.

En la demanda, Torres sostiene que las acciones del Gobierno constituyeron discrimen político y violaron su derecho a un debido proceso de ley.

Según Torres, el Gobernador no podía removerla de su puesto porque las enmiendas que se hicieron a la ley de la JRT no cambiaron las responsabilidades de su posición.

De otra parte, también sostiene que la jurisprudencia establece límites en los poderes de remoción de un gobernante para asegurarse que ciertos funcionarios tengan independencia de criterio al ejercer sus funciones. La JRT es una entidad cuasi judicial e independiente cuyos miembros responden a la ley que creó la misma y no a afiliaciones políticas, sostuvo.