Los presidentes legislativos, Eduardo Bhatia y Jaime Perelló, se disculparon públicamente el miercoles con Dwayne Morales Arroyo quien demandó a la legislatura tras negarle la entrada a la Casa de las Leyes el 24 de marzo de 2011 por ser homosexual.

Bhatia y Perelló transigieron la demanda incoada contra la Asamblea Legislativa, aunque lo que corresponde a los daños y perjuicios contra los entonces presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Jenniffer González, sigue en trámite judicial.

‘A nombre de la Cámara y el Senado, nuestras disculpas a Dwayne’, expresaron Bhatia y Perelló por separado durante el anuncio del nuevo reglamento adoptado como parte de la transacción.

El acuerdo establece que ambos líderes legislativos harían público su repudio categórico a la censura por razón de ideología, identidad y expresión.

Además tenían que reconocer el derecho de todos los puertorriqueños a ejercer sus derechos de expresión y asociación.

El incidente por el cual fueron demandados los entonces presidentes legislativos en su carácter personal y la Asamblea Legislativa fue a raíz de una conferencia de prensa que se realizó en un salón del Capitolio, por la pastora Wanda Rolón sobre el anuncio que hiciera el cantante puertorriqueño Ricky Martinsobre su orientación sexual.

El intérprete tenía programado para fechas cercanas, una serie de conciertos en Puerto Rico. El entonces estudiante Morales Arroyo, pretendía entrar a el Capitolio con una camiseta con un mensaje que leía, ‘Por ti, por mí y por Puerto Rico, no a la homofobia’.

Los entonces encargados de seguridad, le prohibieron la entrada bajo el alegato de que la camiseta violaba el reglamento de vestimenta de la Casa de las Leyes. Además le hicieron saber, que el mensaje lo identificaba como homosexual lo cual no estaba permitido en el reglamento, según se indicó.

El reglamento, en aquella época, expresaba que no se podía entrar al Capitolio con vestimenta o colores distintivos de movimientos, uniones o partidos políticos.

La nueva orden administrativa declara como política pública, el repudio al discrimen por orientación sexual e identidad de género. Además, se dispone el procedimiento para presentar, investigar y adjudicar querellas en caso de que dicho protocolo sea violentado.

Asimismo se exige un programa de educación continua para empleados de ambos cuerpos sobre el particular.