El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, alertó el jueves sobre el supuesto peligro de la reciente opinión emitida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que elimina los límites establecidos por ley, en cuanto a la cantidad de candidatos a los cuales se les puede hacer una contribución económica en campañas políticas.

‘La limitación que fue declarada inconstitucional establecía, al menos, un control parcial al dañino inversionismo político que siempre ha pretendido controlar con sus tentáculos el proceso político electoral. Antes de la determinación existía un tope a la cantidad de candidatos a los que usted podía aportar dinero en una campaña. Ahora se elimina la posibilidad de imponer ese tipo de tope. Y aunque es una determinación sobre una ley federal, por tratarse de un asunto de la Constitución Federal, la misma tiene repercusiones en Puerto Rico. Esa es la consecuencia de ser colonia’, señaló el Comisionado Electoral pipiolo en un comunicado de prensa.

La aplicación de esta opinión judicial en Puerto Rico es peligrosísima, ya que envía el mensaje: mientras más dinero tengas, a más candidatos podrás aportarle en su campaña y más control ejercerás posteriormente sobre las determinaciones de política pública y gubernamental. Es un paso más hacia la peligrosa privatización del proceso político electoral’, sentenció el también Secretario General del PIP.

Por otra parte, Dalmau Ramírez indicó que ante dicha determinación no se debe asumir una actitud de sumisión. ‘Ante la opinión del Supremo de los Estados Unidos, los organismos electorales en Puerto Rico debemos asumir una actitud de desafío. Se debe continuar imponiendo las limitaciones existentes en nuestra Ley Electoral para garantizar, aunque sea de manera parcial, que no se continúe generando un régimen electoral en el que, de facto, gobiernen aquellos que tengan poder económico para sufragar a las campañas electorales sin limitación a cuántos candidatos se les puede aportar’, puntualizó.

El líder independentista indicó que su colectividad continuará insistiendo en que el proceso electoral debe ser tratado como un bien público, en donde se mida en igualdad de condiciones a todos los candidatos, y estos salgan electos por virtud de los votos emitidos, y no por los cheques que le son emitidos.

‘Confío que próximamente, cuando se discutan los asuntos de enmiendas electorales, el análisis se efectúe en el marco del principio de consenso electoral y de la defensa de un sistema electoral que responda a todos y no a unos pocos privilegiados’, concluyó Juan Dalmau.

CEE pedirá opinión legal a Justicia

El comisionado electoral, Manuel Torres Nieves, informó que le solicitará una opinión legal al secretario de Justicia, César Miranda, sobre la aplicabilidad en la Isla de la decisión del Tribunal Supremo Federal.

Mediante un Boletín Informativo publicado en el portal de la Oficina del Contralor Electoral (OCE), Torres Nieves, manifestó que ‘de la determinación del Tribunal Supremo Federal, en este caso, no se desprende que aplica expresamente a nuestro sistema de financiamiento de campañas políticas y a los límites que establece la Ley 222-2011, según enmendada. No obstante, reconocemos que este caso fue resuelto bajo los contornos de la Primera Enmienda, por lo cual podría obligar a otros estados y a Puerto Rico’.

Ante esta duda, señaló que solicitará una opinión a Miranda para saber el alcance de la decisión del Tribunal Supremo Federal en Puerto Rico.

Este detalló que la Ley 222 estableció un límite de donativos de $13 mil en el agregado, por donante, en un año natural.

El Tribunal Supremo Federal anuló los límites globales que un donante puede aportar a candidatos, partidos y comités de acción política, al concluir que esto violentaba el derecho constitucional a la libertad de expresión.

Sin embargo, dejó inalterado el límite de $2,600 que un donante puede hacer por cada candidato, partido político o comité de acción política.