Dos altos funcionarios de la Policía Municipal de San Juan presentaron una demanda estatal contra la Uniformada, el Municipio y la alcaldesa, Carmen Yulín Cruz Soto, porque alegan que las normas y órdenes de ese cuerpo no están a la par con los de la Policía de Puerto Rico.

El recurso legal, presentado el pasado mes de marzo en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por el sargento José Matos Hiraldo y el teniente Luis A. Torres, incluye también, como demandados, a la propia Policía, al comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Guillermo Calixto Rodríguez, y otros capitanes de ese organismo de seguridad pública.

El máximo líder de la Uniformada, el superintendente, es otro de los implicados en la demanda. ‘El superintendente de la Policía es responsable de certificar a los miembros de los cuerpos policiacos municipales y certificar a aquellos que cumplan o hayan cumplido con los requisitos de adiestramiento que se le ofrece a la Policía estatal. También es quien ratifica y aprueba sus reglamentos, notifica a la alcaldesa aquellos cambios que deben ser incorporados para conformarlos con los cambios realizados mediante orden especial o general. El superintendente ha incumplido con este mandato’, reza parte del documento.

Añade que la administración de la Policía estatal ha derogado y modificado las órdenes especiales que rigen las normas y procedimientos operacionales y administrativos de la Uniformada, pero esos cambios y acciones correctivas no se han incorporado a los reglamentos de los cuerpos policiacos municipales, incluido el Municipio de San Juan.

‘Las órdenes especiales y generales de la Policía Municipal de San Juan no reflejan prácticas, principios, políticas, normas y procedimientos modernos, ágiles y efectivos que garanticen que sus miembros puedan ofrecer el servicio de protección de vida y propiedad dentro de un ordenamiento jurídico en el que se respeten y hagan valer los derechos constitucionales y civiles del pueblo’, señala el recurso.

La solicitud de mandamus establece, también, que las órdenes del cuerpo policiaco municipal son obsoletas, y, en ocasiones, contrarias a derecho para combatir y prevenir la criminalidad y para administrar los recursos humanos, técnicos y fiscales.

‘En algunos casos la Policía Municipal de San Juan no cuenta con órdenes específicas que sirvan de guía a sus miembros para atender, de manera uniforme y consistente, situaciones específicas que surgen a diario’, señala el escrito de más de 15 páginas.

La Ley Núm. 48 del 2011 requiere que todos los miembros de policías municipales cumplan con un mínimo de 12 horas anuales de educación continua con el propósito de mejorar su desempeño como agentes del orden público. Esos cursos son de Ética, manejo y control de la fuerza, destrezas de defensa personal que eviten daños hacia los ciudadanos, derechos humanos, civiles, entre otros. Ninguno de esos talleres, según los demandantes, se están ofreciendo de acuerdo a lo que establece el estatuto.

Matos y Torres piden en la demanda que se les dé acceso a los reglamentos de cuerpos policiacos municipales, información en poder de la Policía y a la que no han tenido acceso, por lo que, según dicen, es una violación a sus derechos de libertad de expresión.

Aunque NotiCel se comunicó con el Municipio de San Juan para obtener una reacción, los intentos resultaron infructuosos.