AGP somete leyes para frenar la…

El gobernador Alejandro García Padilla, presentó el jueves, un proyecto para crear la «Ley para Regular la Participación de Empleados Públicos en Actividades Político-Partidistas», que regulará el nivel de participación en actividades políticas de empleados gubernamentales cuyos ingresos provienen de fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA); y otro para legislar a fin de establecer que los pequeños y medianos comerciantes obtengan permiso de operación en 24 horas.

«Los partidos políticos son una herramienta valiosa de la democracia. Pero cuando sus intereses derrotan el profesionalismo en la gestión del Estado, hay que poner orden», explicó García Padilla en un comunicado de prensa.

El anteproyecto pretende emular el «Hatch Political Activity Act» que existe a nivel federal, y buscaprohibir a servidores públicos influir o interferir con el resultado de elecciones o aspiraciones de candidatos a puestos electorales.

Además, pretende prohibir la solicitud de contribuciones a partidos políticos o candidatos electorales de personas u organizaciones que hayan contratado u obtenido beneficios del gobierno del ELA. Igualmente, se prohibirá ofrecer y/o privar de recibir beneficios gubernamentales a cambio de aportaciones político-partidistas.

También, quedará prohibido el uso de literatura o símbolos político-partidistas en funcionarios públicos mientras laboran, y se encuentran en edificios públicos, y se impedirá el uso de edificios públicos para fines político-partidistas.

De igual modo, creará los mecanismos para someter querellas, investigación, y adjudicación de penas por violaciones a esta ley.

El anteproyecto también dispone que «cada jefe de agencia, en coordinación con la Oficina de Auditoría Interna y/ o la Oficina de Recursos Humanos de dicha agencia, establecerá la reglamentación necesaria para el fiel cumplimiento de lo aquí dispuesto. La reglamentación podrá incluir, pero, sin limitarse, el requisito anual para que todo funcionario público presente una declaración jurada que certifique el cumplimiento con esta ley. Dicha certificación pasará a formar parte del expediente del funcionario público».

Asimismo, esta legislación busca enmendar el artículo 18 de la Ley 205-2004, según enmendada, conocida como la «Ley Orgánica del Departamento de Justicia», para facultar al secretario de Justicia a crear una división para llevar a cabo las investigaciones que dispone e imponer sanciones y penalidades.

Si el jefe de agencia, o algún funcionario autorizado por éste, adviniera en conocimiento de que algún funcionario público que trabajase en su agencia se encuentra en incumplimiento con las disposiciones de esta medida, éste referirá el asunto al Departamento de Justicia para que lleve a cabo la investigación relacionada a las faltas indicadas en este proyecto de ley.

Aquel funcionario que viole las disposiciones de la propuesta ley podrá recibir una multa administrativa no menor de $5,000 ni mayor de $10,000, ser suspendido sumariamente de su empleo, suspendido de empleo y sueldo por un término de 89 días, y/o ser destituido de su puesto.

Por otro lado, la legislación que busca agilizar los permisos de operación enmendaría la «Ley para la Reforma del Sistema de Permisos de Puerto Rico».

De este modo, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) autorizaría en 24 horas laborales, el uso condicionado de estructuras existentes que cumplan con ciertos requisitos.

Se excluirían de este tipo de permiso los hospedajes especializados, centros de cuido (niños/ancianos), cualquier negocio que elabore alimentos y usos industriales.

«El pequeño y mediano empresario tiene mucho que aportar en la nueva economía nacional puertorriqueña. Las pequeñas empresas son, en conjunto, la principal fuente de empleo en cualquier país. Vamos a apoyar este tipo de empresarismo», pronunció el primer ejecutivo en un comunicado de prensa.

Ley acelerar permisos – NotiCel _6470

Ley actividades políticas empleados – NotiCel _6471