Entre las decenas de medidas de presupuesto que sometió La Fortaleza hay una que crearía un ‘Fondo de Responsabilidad Legal’, un pote que se llenaría con fondos de distintas agencias, para cumplir con las responsabilidades legales y judiciales heredadas debido a que no existen fondos de líneas de credito o de COFINA para cubrirlas.

No obstante, el propio gobierno admite que el Fondo no provee suficiente dinero para cubrir los gastos de los litigios. ‘En ese sentido, hemos realizado un esfuerzo genuino que nos permita cumplir con las obligaciones legales y judiciales, reconociendo que no será posible cumplir con todas ellas’, dice la medida.

El PS 1090, cuyo equivalente en la Cámara es el 1920, crearía el Fondo de Responsabilidad Legal que se nutrirá de aproximadamente $166 millones de los llamados Fondos Especiales que existen en diferentes agencias para determinados propósitos establecidos por ley.

Estos fondos provienen de ingresos contributivos, aranceles y licencias, cobros por servicios, y otros recaudos propios de algunos organismos gubernamentales.

La OGP ha identificado en algunas agencias y entidades públicas varios fondos especiales que cuentan con un flujo de fondos positivo y un balance en exceso de su uso público, por lo que se persigue flexibilizar tal uso de forma tal que se utilicen para necesidades apremiantes.

En todos los casos, se cumple el objetivo de cada fondo y se cubre su patrimonio y fin de uso histórico, dice la medida.

El proyecto de ley revela que durante la búsqueda de fondos se identificó uno en particular con balances existente a pesar de que la legislación a través de la cual fue creado, la Ley General de Corporaciones del 2004, fue derogada en el 2009 sin que se proveyera para la transferencia de los fondos existentes.

El Fondo de Responsabilidad Legal también se nutrirá del Fondo de Incentivos de Energía Verde, del Fondo para la Investigacón y Examen de Instituciones Financieras y Casinos de Juegos y del Fondo para la Educación del Inversionista y del Consumidor en su relación con el Sistema Financiero y Adiestramiento del Personal de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras entre otros.

De otra parte, también hay otra medida de La Fortaleza que suspende temporeramente el aumento en los dineros del impuesto de ventas y uso que se depositan en COFINA, la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante, y que fue aprobado el año pasado. COFINA sirve de garantías para el pago de bonos, por lo que algunos legisladores dijeron que esta medida habría que estudiarla con detenimiento.

Con el propósito de financiar los déficits incurridos en años fiscales pasados y atender otras necesidades del gobierno, se aprobó; en octubre del 2013 una ley para ampliar la capacidad de COFINA para emitir bonos.

En ese momento se entendió que COFINA era el vehículo de financiamiento con mejor clasificación crediticia de Puerto Rico. No obstante, en marzo el ELA optó por acceder a los mercados de capital mediante una emisión de bonos del ELA en vez de utilizar COFINA, indica la medida.

Esta emisión, de $3,500 millones, atendió las necesidades financieras del ELA que se contemplaban atender con una emisión de COFINA, dice la medida.

Por lo tanto, no es necesario que los aumentos a la cantidad de los recaudos del impuesto sobre ventas y uso que se depositan en COFINA sean efectivos inmediatamente, sostiene la medida.

Según se ha dicho públicamente el BGF, ni el ELA ni ninguna de sus instrumentalidades, incluyendo COFINA, tienen la intención de acceder a los mercados de capital mediante una emisión de bonos durante lo que resta del presente año fiscal, dice la medida.