El obispo de Arecibo, Daniel Fernández Torres, se mostró satisfecho el miercoles con la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de atender de inmediato el recurso judicial presentado por la Diócesis para no entregar documentos solicitados por el Departamento de Justicia aduciendo la protección de la identidad de las víctimas que han solicitado protección y anonimato, según Fernández.

‘Estamos esperanzados en que se pueda propiciar una colaboración efectiva entre el Estado y la Iglesia, donde, por sobre todas las cosas, se proteja la confidencialidad e intimidad de las víctimas, su derecho a ejercer su fe católica y la capacidad de la Iglesia de continuar realizando investigaciones. Tal como le expusimos al Juez Pagán, siempre hemos estado dispuestos a colaborar. Por ello, propusimos al Tribunal Superior que fuese el propio Juez quien mirara los expediente sin hacerlos públicos. Este ofrecimiento sigue en pie’, expresó el obispo en un comunicado de prensa.

La decisión del Tribunal Supremo paraliza la sentencia emitida por el juez Ángel Pagán Ocasio en el Tribunal de Primera Instancia, en lo que este foro emite una decisión final sobre el asunto.

La decisión de Pagán Ocasio ordenaba a la Diócesis entregar todos los documentos en posesión de la Iglesia, incluyendo los que contienen nombres y datos de víctimas y testigos, quienes declararon bajo condición de anonimato ante la Iglesia y quienes han manifestado no interesan acudir ni compartir información con el Estado, explicó el abogado de la Diócesis, Frank Torres Viada.

Asimismo, recordó que los casos en controversia se tratan de personas adultas quienes no desean acudir al foro civil y que escogieron hacer su denuncia ante la Iglesia, a pesar de que la propia Iglesia les instruyó sobre el derecho que tenían de llevar sus reclamos ante el Estado.

La Diócesis de Arecibo expulsó a seis sacerdotes, tras una serie de investigaciones internas originadas por el actual Obispo Fernández Torres e instituyó una política de cero tolerancia contra el abuso.