La ‘Ley de Sustentabilidad Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’, que decreta una emergencia fiscal, podría impedir que las corporaciones públicas puedan ser autosostenibles porque obliga a algunas a transferir al Fondo General los ahorros que logren en recortes.

El Artículo 19 de la propuesta ley establece que ciertos ahorros generados por la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles y la Corporación para el Fondo de Seguro del Estado serán aportados al ‘Fondo de Servicios y Terapias a Estudiantes de Educación Especial’, bajo la custodia del Departamento de Educación, creado mediante legislación especial separada a estos fines. ‘De esta forma, se reduce la carga fiscal sobre el Fondo General que requiere proveer servicios adecuados a la población de educación especial, conforme la legislación federal, la política pública, y el entorno jurídico existente’, establece la medida.

El Articulo 20 de la Ley establece que los ahorros generados por la Administración de Terrenos, la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, la Compañía de Fomento y Exportación, la Compañía de Fomento Industrial, la Compañía de Turismo, la Corporación de Seguros Agrícolas, y la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico aportarán sus ahorros a un Fondo de Promoción de Empleo y Actividad Económica para quitarle la carga al Fondo General.

Además aportarán a dicho fondo, la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, y la Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe. En todas las instancias, estos ahorros provendrán de recortes a los beneficios de los empleados, tales como recortes al Bono de Navidad.

Luz López, presidenta de la Asociación de Empleados Gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica, destacó que la medida podría impedir que las corporaciones públicas puedan resolver sus propios problemas económicos. ‘Quieren darle los ahorros al Fondo General’, dijo.

El plan de ajuste económico del gobierno, precisamente, destaca la necesidad de hacer las corporaciones públicas autosostenibles para poder mejorar la economía ya que muchas se subsidian con el Fondo General.

Aunque las corporaciones públicas generan sobre $10.000 millones en ingresos, su deuda sobrepasa los $40,000 millones. La deuda del Estado Libre Asociado y sus corporaciones públicas alcanza la cifra de $71 mil millones, producto de décadas de pobres decisiones.

De otra parte, López destacó que los cambios propuestos por la propuesta ley llevarían las condiciones de trabajo de los empleados a la década de los 50 y ya han ocasionado una avalancha en número de personas evaluando retirarse para no perder beneficios.

A modo de ejemplo, en la AEE, hay unas 1,700 personas con entre 25 a 30 años de servicio que se pueden retirar, lo cual ocasionaría el colapso del sistema de retiro de la AEE, el cual tendría que buscar $75 millones adicionales para poder sufragar los pagos a los jubilados.