La Oficina de Gerencia y Presupuesto ofreció un cuadro de cuánto se ahorraría el gobierno con algunas de las disposiciones de la Ley de Sustentabilidad Fiscal ante críticas de las uniones de empleados públicos de que la misma no redundará en ahorros sustanciales.

La propuesta ley, discutida en vistas públicas el miércoles, propone numerosos recortes en las agencias y corporaciones públicas así como la renegociación de los convenios colectivos.

Según la asesora legal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP),Lissette Mejías, dijo que el recorte propuesto de 10% a los contratos profesionales representa un ahorro de solo $26 millones, mientras que el recorte de 20% en los puestos de confianza representa ahorros de $10 millones.

La suspensión de los beneficios económicos incrementales, como aumentos de sueldo, beneficios marginales y bonificaciones, producirá una reducción de gastos $120 millones.

Mientras, la eliminación de la liquidación de las licencias en exceso de enfermedad y la uniformidad en bonos de Navidad en el gobierno central estima una reducción de $77 millones.

De otra parte, la reducción del presupuesto y asignaciones de la Rama Legislativa produce un ahorro de $11 millones, mientras que la reducción en la Rama Judicial y entes autónomos produciría $34 millones.

Además, la congelación de la fórmula de la Rama Judicial así como de la Universidad de Puerto Rico, y de las aportaciones a municipios, evitó un incremento en el presupuesto de $132 millones.

Los recortes estarían vigentes hasta el 2017, pero el Gobernador podría extenderla tres años más.

Por su parte, lapresidenta de la Federación Central de Trabajadores, Luisa Acevedo, destacó que la medida no resuelve la crisis en el gobierno central mientras que obliga a los empleados a reducirse sus beneficios y a que no puedan negociar colectivamente.

La medida obliga a ciertas corporaciones a enviar sus ahorros al fondo general. Sin embargo, Acevedo destacó que en ninguna parte del proyecto se habla de reestructurar la deuda a pesar de que el Banco Gubernamental de Fomento gastó millones en contratar firmas que se especializan en reestructuración de deuda.’Si no es para reestructurar deuda, cual fue el fin público de ese gasto?’ observó.

Luego de paralizar labores en algunas entidades gubernamentales, representantes de unas 21 uniones anunciaron un posible paro para comenzar en junio en protesta por la Ley de Sustentabilidad Fiscal del Gobierno, que decretaría una emergencia fiscal y recortes en todo el sector público.

Las protestas por uniones de empleados que representan al Fondo del Seguro del Estado, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y el Departamento de Transportación y Obras Públicos, comenzaron en el Centro Gubernamental Minillas antes de movilizarse a las vistas de la Comisión de Hacienda en el Capitolio.

El vicepresidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Emilio Nieves, aseguró que hay sobre 20 uniones que van a pelear por sus derechos.

Mientras, el secretario de Justicia, César Miranda, dijo que las protestas eran innecesarias porque el proyecto presentado es menos ‘invasivo a los derechos de empleados públicos que la Ley 7 aprobada en el año 2009’.

Entretanto, el presidente de la Unión de Trabajadores de laIndustria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, se unió a las expresiones de Nieves al afirmarque, ‘vamos para la calle en el momento que nos quiten nuestros derechos’.