El Municipio de Guaynabo puso fin a una controversia que llegó hasta los foros judiciales y acordó pagar miles de dólares a la demandante para culminar el pleito, sin embargo, no admitió la responsabilidad por el incidente.

Se trata del caso de doña Catalina Reyes Rivera, mujer de 82 años que protagonizó un confuso incidente que saltó a la luz pública cuando dos policías municipales le dispararon en Plaza Guaynabo mientras la fémina estaba de compras junto a su hija y sobrino.

Por ese suceso Reyes Rivera presentó una demanda en el Tribunal Federal sobre violación de sus derechos bajo las Constituciones de Estados Unidos y Puerto Rico, así como por daños y perjuicios del Código Civil, reclamando $2 millones por daños compensatorios y otros $5 millones por daños punitivos.

Tras meses de conversaciones y negociaciones, la Legislatura Municipal de Guaynabo aprobó una resolución en la que se acuerda pagar la suma de $182,500 a la demandante, a su sobrino, José Carlos Santiago Pagán, quien es el codemandante; y a su hija, Rosa Rosado Reyes, quien también radicó un recurso legal en el foro estatal por daños ascendentes a $200 mil.

La Resolución 28 2013-2014 de la asamblea municipal, aprobada esta misma semana, establece que el Municipio pagará esa cantidad y se desvincula de las alegaciones hechas por los demandantes.

‘El Municipio de Guaynabo transigiría ambas reclamaciones sin que ellos constituya una admisión de responsabilidad hacia las partes demandantes. La razón principal para la consideración de esta transacción es que el costo para el Municipio de litigar los casos y los riesgos de obtener una determinación adversa pueden ser mayores a la cantidad a pagarse en esta transacción’, lee parte del documento de cuatro páginas.

Establece, además, que ‘la transacción representa economías para el Municipio, pues, de continuar los litigios, siempre existe una posibilidad de que un jurado o juez conceda el remedio solicitado por la parte demandante. Además, un resultado adverso podría conllevar la necesidad de desembolsar una cantidad sustancialmente mayor de dinero’.

Con la aprobación de la medida, se abandonan las causas de acción contra el alcalde, Héctor O’neill; el excomisionado de Seguridad, Ángel Venégas González y de los agentes municipales, Eliud Gacía Hernández y Emmanuel Ortiz Díaz.

También se concluye toda controversia habida sobre los hechos que motivaron ambas reclamaciones en contra del Municipio de Guaynabo.

Para el presidente del Partido Popular Democrático en ese pueblo, Richie Vicéns, la aprobación de la medida municipal demuestra que el cuerpo policiaco es responsable por el incidente.

‘Si no la acepta, por qué la paga? Porque lo está aceptando. Al tú hacer eso estás aceptando que fallaste en algo’, puntualizó Vicéns en entrevista con este medio digital.

El excandidato a la alcaldía por ese municipio sentenció la poca supervisión que reciben los agentes de ese pueblo. ‘Esos policías municipales no reciben los adiestramientos continuos para atender a la ciudadanía en Guaynabo. Esos errores que cometen le cuesta al Municipio y, a la larga, a nosotros, los constituyentes’, agregó.