Siete empleados de La Fortaleza radicaron una demanda federal contra el gobernador Alejandro García Padilla en la que reclaman daños ascendentes a $8,750,000 millones al alegar que fueron despedidos por su afiliación política.

En la demandafigurancomo codemandados el administrador de La Fortaleza, Harold González Rosado, y el supervisor de la mansión ejecutiva, Arturo González. También se incluyeron a las compañías aseguradoras identificadas como X,Y y Z, y otras tres personas que los demandantes no han podido identificar.

Los empleados alegan que fueron despedidos luego de las elecciones del 2012 por ser, en su mayoría, simpatizantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), y en violación a su derecho a la libertad de expresión, debido proceso de ley, e igual protección de las leyes.

Tres de los empleados alegan que son del Partido Popular Democrático (PPD), pero fueron despedidos por no querer discriminar contra los demás.

Los demandantes son Alexis Caraballo Rivera, de 32 años y empleado de mantenimiento desde 2009; Héctor M. Vázquez García, de 58, empleado de mantenimiento y conservación desde 2001; Doroteo Sánchez Cruz, de 40 años, asistente técnico desde 2009; Daniel Valentín García, empleado de 36 años que laboraba en mantenimiento y conservación desde 2009; Carlos Pacheco Estrada, de 38 años y quien era chofer; Luis A. Pérez Bernard, director interino de conservación desde 2004; y Roberto Vélez García, de 47 años, estaba en mantenimiento y conservación desde 2001.

Los demandantes, quienes eran empleados regulares en La Fortaleza fueron reemplazados por simpatizantes del PPD luego de haber sido despedidos.

En la demanda se alega que luego de que García Padilla llegó a La Fortaleza, otros empleados les advirtieron a los demandantes que serían despedidos.

La administración de García Padilla emitió tarjetas de identificación nuevas una vez entró en funciones y les pidió a los empleados que las usaran. ‘De esa forma las viejas identificaciones se volvieron un símbolo de identificación de la previa administración del PNP y cualquiera que las usara se le reconocía como un simpatizante del PNP y su administración’, dice la demanda.

Se indica que el 10 de enero de 2013, Caraballo Rivera y Pacheco Estrada estaban arreglando una lámpara en el Salón de los Espejos cuando García Padilla los saludó y apuntó a la identificación de Caraballo Rivera, que era la emitida por la administración anterior. Entonces el gobernador le dijo ‘este ID está bonito, pero no es la de nosotros, puedes ir a Recursos Humanos para que te la cambien’.

El 18 de enero del 2013, Caraballo Rivera y Pacheco Estrada le hicieron unas recomendaciones a uno de sus supervisores, Carlos Santos, sobre el piso de uno de los salones, Un rato después escucharon cuando Santos dijo ‘a estos PNP uno les da trabajo y no quieren hacer lo que uno dice’.

El 24 de enero del 2013, Caraballo Rivera y Pacheco Estrada estaban encerando un piso bajo la supervisión de Pérez Bernard cuando llegó la Primer,a Dama Wilma Pastrana, junto a un chef, quien le presentó a Pérez Bernard, y le dijo que el era la única persona en quien podía confiar en obvia referencia a que los otros eran del PNP.

En otra parte de la demanda se alega que Vázquez García, Pérez Bernard, yVélez García fueron informados por su supervisor, Arturo Gonzalez, que ellos serían los únicos que harían trabajos porque en los demás no se podían confiar en referencia a que eran del PNP. Ellos protestaron la decisión y le dijeron a González que les asignara trabajo independientemente de su afiliación política.

Los demandantes alegan que fueron despedidos en mayo del 2013 al alegarse que eran empleados de confianza, por lo tanto de fácil remoción. Igualmente, aseguran haber sufrido daños económicos y emocionales por lo que exigen$750,000, entre otras cuantías, por los supuestos daños sufridos a raíz de los despidos.