El representante del Partido Popular Democrático (PPD) Carlos Vargas Ferrer denunció el domingo ‘la ineficiencia’ de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y, particularmente, su directora Rosabelle Padín Batista, por no tener lista la revisión de las tablas de pensión alimentaria tal como lo había prometido el pasado mes de septiembre.

‘El 25 de septiembre de 2013, la directora nos dijo que ‘lo primero que hicimos a nuestra llegada a la agencia fue atender la revisión de las tablas’ y nos aseguro que la revisión estaría lista para el mes de abril. Sin embargo, al primero de junio, aún no tenemos ni una fecha cierta para tener el documento’, dijo Vargas Ferrer en conferencia de prensa.

El legislador señaló que ya van ocho años desde que se revisaron las tablas de pensiones en ASUME la última vez y, al presente, ocho años después, se está incumpliendo con la ley orgánica de la agencia. La ley establece que las tablas de pensión deben ser revisadas cada cuatro años.

Vargas Ferrer se mostró indignado por la ‘ineficiencia’ de la funcionaria, de la cual no requirió su renuncia, pero recalcó que ‘ella debe autoevaluarse’ para determinar si está cumpliendo con sus responsabilidades.

Denunció que ‘ASUME está arrastrando los pies con esto de las tablas’, y acusó a la Legislatura de ser ‘cómplice’.

‘Con la deferencia con la Legislatura ha tratado a ASUME, se ha convertido en cómplice de una violación de ley’, recalcó el legislador, quien aseguró haber presentado al menos cuatro proyectos de ley dirigidos a atender el asunto de las tablas de pensión alimentaria y las relaciones paterno-filiales.

Por su parte, la portavoz interina del Departamento de la Familia Lynnette Moreno Caldero señaló que, tanto la secretaria de la Familia, Idalia Colón, como la administradora de ASUME, se reunieron con el representante Vargas Ferrer el pasado 31 de mayo para explicarle el proceso de revisión de las tablas de pensión.

‘El proceso no se ha culminado, es uno complejo. Una vez se tenga la aprobación final, las tablas se harán públicas’, señaló Moreno Caldero a CyberNews.

Señaló que la dilación en el proceso de revisión responde al interés de proteger tanto al padre alimentante como al menor alimentado.

De acuerdo con el representante con el representante popular, las presentes tablas de pensión alimentarias impuestas por ASUME al padre o madre alimentante tienen un carácter ‘confiscatorio’ sobre los ingresos de dicho progenitor, debido a que no toman en cuenta el dinero que necesitaría para poder sostenerse a sí mismo.

En Puerto Rico, ASUME maneja 185,000 casos de pensión alimentaria sin contar, los casos en los que las partes acuerdan una pensión a ser pagada fuera de las estructuras de la agencia.

Del total de casos en los Tribunales de Familia, el 35 por ciento, o 30,000 casos anuales aproximadamente, corresponden a reclamaciones por pensión alimentaria. De acuerdo a Vargas Ferrer, en Puerto Rico se mueven $340 millones al año en pagos de pensiones.