Tras el primer paro de los sindicatos contra las medidas que proponen una reducción a sus beneficios adquiridos, los líderes sindicales se enfrentan al reto de ganar el favor del pueblo, que a juzgar por los comentarios en las redes sociales permanece esceptico ante los reclamos y modos en que se condujo la movilización del jueves.

Las imágenes transmitidas por los medios de comunicación que destacaban los altercados en el túnel Minillas, así como a los empleados consumiendo bebidas alcohólicas durante la protesta, fueron objeto de crítica en las redes sociales. Los mensajes, en su mayoría, expresaban su desaprobación a la obstaculización del tránsito y aludían a una pérdida de control por parte de los unionados. ‘Si pierden el apoyo del pueblo se va a pique el movimiento’, advirtió el lajeño, Benny Báez.

‘Lo que tenían era una fiesta. Paralizan el tránsito perjudicando al pueblo. Pacientes de diálisis tuvieron que regresar. Personas que fueron a ganarse el sustento de su hogar se perjudicaron por su culpa y ustedes bebiendo y jodiendo’, expresó el cayeyano, Manuel De Jesús.

Los líderes sindicales calificaron la actividad del jueves como una exitosa pues lograron movilizar a miles de trabajadores y paralizar las labores en algunas agencias de servicio público. Sin embargo, el presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA) de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Pedro Irene Maymí, indicó que se estarán haciendo unos ajustes a la estrategia de los comités de disciplina para que no vuelvan a ocurrir los incidentes violentos como los que se suscitaron en el túnel Minillas, cuando los conductores atrapados les comenzaron a reclamar que libraran las vías.

Entre quienes se expresaron en las redes sociales, se denotó una percepción negativa acerca de los unionados al recalcar que ganan por encima del promedio de los empleados del sector privado, mientras la corporación continúa otorgando un servicio ineficiente. ‘Son los menos que trabajan y los que más beneficios tienen y se ponen a protestar ignorando el daño que le hacen a los más humildes y los que menos recursos tienen en este País’, comentó Yolanda Báez.

Sin embargo, entre los líderes sindicales no se dará marcha atrás a los convenios colectivos que se vienen negociando desde hace años. Los partidarios del movimiento indican que las medidas de austeridad contra la clase trabajadora se han estado imponiendo desde 2006 sin que ello haya provocado una disminución de la deuda, lo que prueba su inefectividad.

Critican, además, que siempre se señale la nómina como el problema principal de los gastos del Gobierno, cuando ésta se ha venido reduciendo en un 30% desde 2007. Mientras se reducen los beneficios de los trabajadores públicos, dicen que no existe el mismo atrevimiento con otros sectores de la sociedad. ‘Cuando el gobierno corte toda la grasa de la élite, entonces pueden sentarse a exigirle a los trabajadores que cedan sus beneficios por el bien del país’, expresó Sebastián Shaw.

Mientras, Noé Ramírez insistía en que primero se imponga el cobro de contribuciones a las megatiendas, y se cambie el IVU al IVA. ‘Empobrecer a 70 mil empleados será otra caída de la economía, y el comercio y los que hoy nos atacan sembrarán su propio despido’, insistió.

Consciente de la necesidad de ganar la solidaridad del pueblo, Irene Maymí insistía en su mensaje de ayer que no se trata de una lucha de sindicatos. ‘Es una lucha de país. El país está cansado de aumentos en los peajes, en los impuestos y ahorapretenden que los trabajadores no reciban lo que es justo’, comentó en entrevista con este diario digital.

Los salarios de los unionados fluctúan entre $14,000 y $45,000 anuales, que con todas los beneficios marginales alcanzan la cifra de entre $28,000 y $90,000. La nómina total de la AAA, con empleados gerenciales y de confianza, representa el 25% de los gastos de esa corporación. Los datos de la AEEno fueron provistos al momento de esta publicación.

La Ley de Sustentabilidad Gubernamental propone la suspensión de beneficios económicos incrementales, los beneficios marginales y bonificaciones, así como la eliminación de la liquidación de licencias en exceso por enfermedad y la uniformidad a $600 de los bonos de Navidad.

No hay negociación

Entre los sindicatos de las corporaciones, que se rigen por la Ley 130, no hay disposición de comenzar negociaciones con sus respectivos patronesporque las condiciones en que el Gobierno pretende sentarse a evaluar las distintas propuestas no son aceptables. ‘Me están anulando lo que he adquirido constitucionalmente, y quieren que negociemos sin ninguna garantía’, expresó el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo.

Figueroa Jaramillo recalcó que de cara al voto de huelga que se presentará ante la matrícula el próximo 17 de junio, las uniones no van a hacer nada de forma intencional que afecte el servicio. ‘Ahora bien, una vez salgamos a la calle a ejercer nuestro derecho constitucional, el responsable de que los servicios continúen es el Gobierno’, enfatizó.

El plan de contingencia de las respectivas corporaciones públicas incluye una serie de prioridades que serán atendidas con el 30% del personal, que ocupan los puestos gerenciales y de confianza.

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