Tras el anuncio de un ‘histórico acuerdo’ entre la Fortaleza y los sindicatos que representan a los empleados de las agencias del gobierno central, el liderato de Prosol UTIER condenó el lunes que se reseñara positivamente una reducción a los beneficios de los trabajadores, mientras reiteraron su compromiso de continuar con las manifestaciones de oposición hasta tanto no se elimine el proyecto 1922.

‘No podemos aceptar nada de lo que se está negociando en Fortaleza’, expresó en conferencia de prensa frente al Capitolio, el presidente de Prosol UTIER, Luis Pedraza, al criticar las negociaciones que un grupo de seis uniones aceptó entablar con Fortaleza, y mediante las cuales llegaron a un acuerdo el viernes en la medianoche que aún no ha sido detallado.

Las estrategias utilizadas por los unionados de las corporaciones públicas regidas por la Ley 130 han sido distintas a las utilizadas por las uniones regidas por la Ley 45, que estuvieron sentadas en mesa de negociación para llegar a acuerdos sobre sus convenios colectivos. ‘No estamos dispuestos a aceptar claúsulas del proyecto 1922’, aclaró la presidenta de la Federación Central de Trabajadores (FCT), Luisa Acevedo, uno de los grupos que estuvo en La Fortaleza. La diferencia, según Acevedo, es que los otros sindicatos se han enfocado en la eliminación del proyecto y ‘nosotros, en caso de que la aprueben, tenemos un plan que nos va a cubrir para que no nos impacte de la forma en que íbamos a ser impactados’.

La Presidenta destacó que las seis uniones, que representan a unos 41,500 unionados, que es igual al 92% del total de servidores públicos bajo la Ley 45, estarán notificando a sus matrículas de los acuerdos en la noche del lunes. ‘No tenemos nada que esconder. Solamente queríamos preservar el derecho de nuestra matrícula de conocer de primera mano los elementos que se negociaron’, expresó a este diario digital.

Acevedo destacó que los ajustes negociados con Fortaleza no incluyeron los derechos adquiridos, ni los bonos de Navidad, que ascienden en algunos casos hasta $1,600 anuales.

Por su parte, el liderato de Prosol, que representa a unos 2,100 unionados, criticó que las medidas quieran ser impuestas con urgencia y que el Gobierno recurra a un ‘libreto’ en el que siempre señale los gastos por nómina y beneficios de los empleados públicos como un problema. Como propuestas alternativas, apuntan hacia la reducción de contratos en las corporaciones y la disminución de los salarios a los empleados de confianza, que supuestamente han tenido aumentos de entre $1,500 a $3,000 en algunas agencias.

En la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT)únicamente se identificaron más de $90 millones en contratos que pueden ser economizados con la labor de los empleados gerenciales y unionados, según el presidente del Capítulo 3, Julio Vargas.

La propuesta del grupo es que el Gobierno ataje la crisis fiscal y económica mediante una reestructuración de la deuda pública y una revisión de la concesión de créditos contributivos a empresas que logran ganancias millonarias que no invierten en el país.

‘No hay espacio para la discusión porque nos quieren imponer una Ley que lo dice todo en contra de los empleados públicos’, expresó Pedraza, al reducir el impacto que tengan los acuerdos de los líderes obreros por la Ley 45 con Fortaleza, ya que deben ser ratificados por sus respectivas matrículas.

Las medidas de reducción de gastos contenidas en el presupuesto del año fiscal 2015 incluyen $120 millones de suspensión de aumentos en beneficios por convenio colectivo, $75 millones de reducción del bono de Navidad, y $19 millones de la eliminación de la liquidación por exceso de enfermedad, según los datos oficiales. Incluye también $10 millones por la reducción del 10% de la nómina de confianza, y $26 millones por la reducción del 10% del gasto por servicios profesionales y comprados.