Con el establecimiento del fideicomiso LALMFC, el contador público Lutgardo Acevedo López pareció delinear una estrategia de protección de activos ante los múltiples pleitos que enfrenta desde el 2010 al presente. La estrategia tambien le puede beneficiar en su caso federal por corrupción en el sistema judicial, en el que, de ser encontrado culpable, enfrenta la confiscación de sus bienes.

La figura del fideicomiso en Puerto Rico es una de las formas en que una persona puede proteger sus activos de demandas y acreedores. Acevedo López estableció el fideicomiso LALMFC, nombre que integra sus iniciales con las de su esposa Migdalia Fuentes Cabán, a través de una escritura otorgada ante el notario José Rafael Ramírez el 7 de abril de 2011.

Como fiduciario del fideicomiso, se nombró a la Corporación Servicios Domésticos DPR Corporation, corporación incorporada en 2009 por Acevedo López quien es su presidente y secretario.

Como administrador de los bienes, al momento se conocen varias transacciones que han alimentado el caudal perteneciente al fideicomiso, incluyendo transacciones con dinero público. El tribunal de Moca fue una de las primeras adquisiciones cuando el matrimonio Acevedo-Fuentes, en el 2011, vendió la propiedad mediante escritura pública al Fideicomiso LALMFC, según revelara la Oficina de Administración de Tribunales a NotiCel hace un mes.

De una búsqueda en los registros de inmuebles de Polk County, Florida se desprende que Acevedo López adquirió una residencia en el 2005 en la ciudad de Davenport por $215 mil. Esa residencia fue cedida al fideicomiso por $100 en abril de 2011, el mismo mes que se constituyó éste último.

En la actualidad, se construye una residencia en la urbanización Villas de Palma Real en Aguadilla. La lujosa mansión tiene unos seis cuartos, dos plantas sobre el terreno y un sótano. Como dueño de la propiedad se notifica que es el Fideicomiso LALMFC, construida bajo la firma de arquitectos Vargas.

Los inmuebles al parecer son la especialidad del fideicomiso de Acevedo López y dejaron rastro hasta en los informes de transición del cambio de administración entre los gobernadores Fortuño y García Padilla. Del informe de transición de la Administración de Desarrollo Laboral, se desprende que al momento del cambio de gobierno estaba vigente un contrato con el fideicomiso (2013-000015) por $67,032.00, cuya vigencia venció en junio del pasado año, y cuyo concepto era obtener inmuebles.