Los abogados Esther Vicente Rivera, Carlos A. Del Valle Cruz y Georgina Candal Segurola, fueron confirmados por el Senado este jueves tras ser nombrados por el gobernador Alejandro García Padilla para formar parte la Comisión de Derechos Civiles.

La licenciada Vicente Rivera es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana desde 1999. Fue directora de la Unidad de Prevención de Violencia Contra la Mujer (1989-1990) y coordinadora del Proyecto de Derechos de la Mujer del Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles (1983-1986).

Además, fue abogada del Programa de Asistencia Legal para Refugiados Haitianos en el Fuerte Allen (1981-1982), y de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico (1977-1979).

Vicente Rivera destaca como co-redactora del anteproyecto que dio paso a la ‘Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica del Estado Libre Asociado’, Ley 54 de 15 de agosto de 1989.

Por su parte, el licenciado Del Valle Cruz fue catedrático en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (1990-1991) y laboró en el Departamento de Justicia, donde, además de fungir como asesor en asuntos de política pública, fue director de la división de Derechos Civiles (2001-2009/2013). Desde el 2009, mantiene su práctica privada, especializada en temas de discriminación laboral, derechos civiles, litigio constitucional y apelaciones federales.

Asimismo, la licenciada Candal Segurola fue directora de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico (1986-1992). Completó 20 años de servicio como Juez Superior, donde recibió excelentes cualificaciones por parte de la Comisión de Evaluación Judicial de la Judicatura. Para 1995 formó parte del Comité para Investigar el Discrimen por Género en los Tribunales y, posteriormente, del Comité de Igualdad y Género de la Rama Judicial.

De igual modo, ha sido tutora para los jueces de nuevo nombramiento, así como un recurso en diversos adiestramientos de la Academia Judicial. En la actualidad, es profesora adjunta de la Escuela de Derecho de la UPR.

Estos tres abogados se unen a Ruth Pérez Maldonado y a Rosemary Borges Capó, quienes fueron nombradas durante el pasado cuatrienio.

La Comisión de Derechos Civiles tiene como objetivo principal educar al pueblo sobre el significado de los derechos fundamentales y los medios para hacerlos respetar, proteger y enaltecer.

Además, la Comisión tiene la responsabilidad de gestionar ante los ciudadanos y ante las autoridades gubernamentales la protección de los derechos humanos y el estricto cumplimiento de las leyes que amparan tales derechos.

Este organismo, que también está encargado de evaluar las leyes, normas y actuaciones de los gobiernos estatal y municipal relacionados con los derechos civiles, está compuesto por cinco miembros nombrados por el gobernador, con la confirmación del Senado.