Legisladores entrevistados por NotiCel opinaron el domingo que la demanda radicada por 23 manejadores de fondos en 20 estados para impugnar la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas, o ‘quiebra criolla’, no tiene meritos.

El recurso presentado en el Tribunal Federal la semana pasada en contra del gobierno y de la Autoridad de Energía Eléctrica solicita una sentencia declaratoria sobre la supuesta inconstitucionalidad de la ley al destacar que la quiebra es un campo ocupado por las leyes federales.

En sus alegaciones, los demandados señalan que la AEE se acogería a la quiebra criolla de inmediato y que, incluso con el mero anuncio de la aprobación de la medida en la Legislatura, los bonos de la AEE han perdido entre 15 y 40 por ciento de su valor.

Añaden que, en la medida en que a las corporaciones públicas se les permite retener activos para continuar operando durante el proceso de reestructuración, se estaría permitiendo que el colateral de los bonos se use para seguir tomando prestado.

También, que la activación del proceso de reestructuración representa una incautación inconstitucional de los activos de los bonistas, un menoscabo de contratos, y una delegación ilegal de poder a los tribunales de Puerto Rico ya que la ley pretende detener y evitar procesos legales contra las corporaciones públicas en el foro federal. Otro detalle que impugnan es que, según sostienen, la ley permite que un grupo pequeño de bonistas tome decisiones que obliguen a los demás bonistas, sin importar si hay consenso o no.

El Representante Jesús Santa dijo que rechazó que llamada ‘quiebra criolla’ fuese enteramente responsable de la desvaloración de los bonos de la AEE ya que antes de radicada la ley, algunas casas acreditadoras habían degradado a la AEE al referirse a la degradación de Fitch el 11 de junio en un nivel más bajo de chatarra.

De otra parte, destacó que con la ley está tratando de ‘llenar una laguna’ debido a que ni el gobierno ni las agencias o municipios pueden acogerse a la Ley de Quiebras federal y que lo que se está tratando de crear es un proceso de repago de deudas.

Santa dijo que la ley es beneficiosa porque mantendría a las corporaciones públicas funcionando a la vez que continúan pagando su deuda reestructurada y se impide la posibilidad de que los bonistas se puedan quedar con facilidades del gobierno, esto a pesar de que la propia ley permite la transferencia de activos a entidades que no son del ELA.

‘Esta ley mantendrá a las corporaciones públicas operando y se pagará la deuda. El issue sería el tiempo que se tardaría en pagarla. En la ley de quiebras federal, tu vendes los activos y se acabó’, dijo.

El representante Narden Jaime Espinosa opinó que la ley que se hizo ‘no es de quiebras es de reestructuración’.

‘No es que no vayamos a pagar. Lo que estamos diciendo es que vamos a sentarnos a dialogar pero garantizando que los servicios se continúen dando’, dijo.

Aunque fuentes indican que la ley se hizo expresamente para la AEE debido a que expira en el 2016, los legisladores dijeron que hay otras entidades como la Autoridad de Carreteras y la Autoridad de los Puertos que tienen una crítica situación económica.

El representante José Luis Báez dijo que no cree que haya causa de acción de los demandantes por meramente aprobar el proyecto de reestructuración porque es una función gubernamental.

A pesar de que la situación precaria de la AEE era conocida de hace tiempo, Báez dijo que el gobierno no podía estar hablando anticipadamente de una reestructuración hasta que no tuviera un plan que pudiese implantar debido a que se hubiese hecho un daño peor a los tenedores de bonos o terceros.

‘El gobierno tiene que recurrir al doble discurso…Tiene que ser cuidadoso’, dijo.

Aunque la ley, en efecto, restringe cualquier litigación a los foros locales, un tribunal federal podría entrar en la disputa bajo la doctrina de diversidad de ciudadanía porque los demandantes viven en otros estados. El tribunal federal se podría abstener al haber de por medio una ley local.

De otra parte, existe el problema de que la ley fue firmada el sábado y la demanda en contra de la misma fue radicada un viernes en el Tribunal Federal, , lo cual podría hacer que el foro federal entrara a ver los méritos de la misma.’Habría que ver,’ observó un legislador.

El Senador y ex presidente del Senado, Antonio Fas Alzamora opinó que aunque la ley fue aprobada por la Legislatura el mismo día que fue presentada por el gobernador, los legisladores recibieron una presentación y consultaron asesores por lo tanto dijo que entiende que la ley no tiene problemas de índole constitucional.

La ley crea dos procesos para reestructurar deudas El primero de los procedimientos es uno consensual de modificación de deuda que culmina con un programa de recuperación contenido en el Capítulo 2 del estatuto, y el segundo, contenido en el Capítulo 3, es un procedimiento supervisado por el tribunal que culminaría en un plan ordenado de cumplimiento con las deudas. Una corporación pública puede solicitar alivio bajo el Capítulo 2 o el Capítulo 3, o bajo ambos de forma consecutiva o concurrente.

La propuesta ley está diseñada en muchos aspectos para que refleje ciertas disposiciones claves del Título 11 del Código de los Estados Unidos, y tanto el tribunal como las partes interesadas deben revisar y considerar el precedente existente al amparo del Título 11 del Código de Estados Unidos, de ser aplicable, al momento de interpretar e implementar la misma.

*Ver también:

AGP firma la ‘quiebra criolla’ tras días de callar sobre su posible alboroto

Radican primera demanda contra AEE y ELA por quiebra criolla (documento)

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