El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) exigió este jueves al presidente de la institución educativa, Uroyoán Walker, que destituya de su puesto al decano de Asuntos Academicos del Recinto de Cayey por fabricar un caso contra empleados miembros de ese grupo.

David Muñoz Hernández, presidente de la organización, reclamó intervención inmediata en la controversia que provocó el despido de Luis Martínez Alsina, empleado del recinto y miembro del sindicato expulsado tras ser acusado de sabotear los sistemas de agua de la UPR en Cayey para impedir las labores en la protesta de febrero pasado.

Sobre esos cargos, la jueza superior de Guayama, María del Pilar González Moreno, desestimó el caso tras escuchar testimonios exculpatorios de gerenciales del recinto, quienes bajo juramento, confirmaron que habían dificultades en el suministro de agua por fallas en el sistema de bombeo lo que evidenció que no hubo mano criminal.

‘Con la excusa de reducir gastos y aumentarse sus sueldos, atentaron contra el trabajo de miembros de nuestro sindicato, de padres y madres de familia, atreviéndose a fabricar casos, destruir la reputación de los compañeros y hasta intentar llevar a la cárcel a gente inocente’, sostuvo el líder sindical sobre las acciones de los gerenciales del recinto, en particular el decano y el doctor José Caraballo, exrector interino.

‘El compañero Martínez Alsina está en la calle desde abril por haber sido suspendido de la institución por una vil mentira. Y esto no lo dijo ningún miembro de nuestro gremio, sino su propia gente de confianza que destapó su fabricación. Esto es grande y no se quedará aquí’, agregó.

Según Muñoz Hernández, el pasado 26 de febrero de 2014, el entonces rector interino así como el decano de Administración expresaron en varios medios de comunicación que miembros del sindicato encabezados por Martínez Alsina, habían saboteado el sistema de acueductos y habían vaciado las cisternas de la institución, en repudio al despido de doce compañeros empleados miembros del gremio, a quienes no se le renovó el contrato de servicios. En sus expresiones tanto González como Caraballo indicaron que tuvieron que paralizar las labores del recinto ante el corte al servicio de agua fruto del sabotaje.