El director de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia (DJ), Alberto Valcárcel Ruiz, dijo el miercoles que la investigación que el martes resultó en el allanamiento de la casa y oficinas del contable Roberto Torres, no es la única en torno a los contratos de energía renovable otorgados por la pasada administración.

Valcárcel Ruiz no quiso decir el contenido específico de la información que se estaba buscando en las propiedades de Torres. Los oficiales se llevaron documentos e información en computadoras.

El funcionario anticipó que habrán otros allanamientos o requerimientos de información en la medida que se mueva la investigación de Justicia. ‘Estamos investigando otros contratos’, dijo Varcárcel Ruiz.

El NIE informó que se diligenciaron dos órdenes de registro el martes en relación a dos contratos de energía renovable otorgados en el 2012 por la AEE a las empresas Tropical Solar Farm y Jonas Solar Energy ascendentes a $190 millones en las que pudo haber mediado presunto favoritismo por parte de la junta de la corporación pública. Torres, incorporador de las empresas, era a su vez vecino del exvicepresidente de la Junta de Gobierno de la AEE, José Pérez Canabal.

Esa denuncia fue hecha por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego y jubilados de la AEE en el 2012 quienes mostraron documentos que que vinculaban a Torres con Pérez Canabal.

La denuncia, en específico, era que Tropical Solar Farm aparecía incorporada en el Departamento de Estado a nombre de Torres, pero con la dirección, el teléfono y el correo electrónico de la empresa que preside Pérez Canabal, Galexda Development, una entidad de desarrollo de vivienda.

Tanto Torres como Pérez Canabal negaron ser socios pero el primero era contable del segundo.

Sobre el futuro de los contratos otorgados por la AEE, Varcarcel Ruiz dijo que le compete a la corporación pública determinar el futuro de los mismos ya que Justicia meramente está investigando el proceso.

El representante del consumidor en la Junta de Gobierno de la AEE, Juan Rosario, reafirmó que siempre aseveró que era sospechosa la manera en que se otorgaron los contratos de energía renovable en esa corporación porque eran muchos y a altos precios.

‘Nuestra primera queja fue que se estaban pagando precios muy altos por contratos de energía renovable…se estaba comprometiendo una cantidad mayor de energía que el sistema podía aguantar’, dijo.

La actual Junta no ha aprobado ningún contrato de energía renovable y ha tratado de detener contratos que se firmaron en diciembre luego de que el gobierno pasado perdiera las elecciones.

Tras las denuncias de la UTIER, Tropical Solar Farm demandó por libelo y calumnia al gremio y a los medios de comunicación que publicaron la información, incluyendo a NotiCel, y el pasado 24 de junio la demanda fue desestimada. La jueza Sonia Santana Sepúlveda concluyó que la información difundida por los medios era esencialmente correcta y que pedirle a la prensa que ignore una conferencia de prensa con contenido de alto interés público o que espere a que se conduzca una investigación del Estado antes de publicar, como lo hizo el demandante, sería el equivalente a ‘imponerle censura previa o una mordaza a los medios’.

De otra parte, Varcárcel Ruiz dijo que la investigación contra la AEE en torno a irregularidades en la compra de combustible se está moviendo y que su ámbito es bastante amplio.

En el pasado Justicia había parado la investigación al alegar que algunos delitos en torno a la misma estaban vencidos pero VarcárcelRuiz dijo que la prescripción no es una preocupación en esta investigación.

Vea también:

Allanan casa y oficinas de incorporador de Tropical Solar Farm (documento)