El secretario de Justicia, Cesar Miranda, reaccionó este martes a la decisión del Tribunal Supremo que, entre otras cosas, condiciona la entrega de documentos eclesiásticos al Estado con relación a la pesquisa por abuso sexual en la Diócesis de Arecibo.

Miranda sentenció el fallo del máximo foro judicial en la Isla y admitió que la determinación hará más difícil la investigación para encausar a excuras pederastas.

‘Es lamentable lo que ha sucedido. El Tribunal Supremo acaba de desperdiciar una gran oportunidad. Pensé que era la oportunidad que teníamos para sentar las bases para posibilitar la investigación abierta, clara, serena de todos estos casos. Lamentablemente, me equivoqué. El Tribunal Supremo no ha sabido aprovechar esta oportunidad y contrario a lo esperado ha emitida una determinación que, en síntesis, limita el ámbito investigativo del Departamento con relación a los casos de pederastia’, declaró el Titular.

‘La sentencia ha establecido un escollo indebido a la capacidad investigativa del Departamento de Justicia. La decisión del Supremo se desvincula enteramente de los intereses del pueblo de Puerto Rico: de que se procesen criminalmente con premura a los que cometen abusos contra nuestros menores. Esta sentencia establece un procedimiento restrictivo para que el estado pueda obtener información relevante a sus investigaciones criminales’, agregó Miranda en rueda de prensa en la sede del Departamento de Justicia.

Explicó que si una víctima declina ofrecer información a las autoridades civiles para que investiguen, entonces la pesquisa finaliza. ‘La determinación es una carta en blanco que puede liberar de responsabilidad penal a los que han cometido delito’, expresó sobre el paradero de los líderes eclesiásticos, algunos de los cuales quedarán impunes.

Miranda sostuvo, además, que los mecanismos del Departamento de Justicia siempre han protegido y protegerán a los perjudicados de algún delito, asunto que fue eje principal del pleito en el foro estatal.

Dijo, por otro lado, que la decisión de solicitar reconsideración la evalúa junto al jefe de los fiscales, José Capó, y la procuradora general, Margarita Mercado.

‘No vamos a declararnos incapaces por las trabas que se nos imponen. Vamos a seguir echando hacia adelante y en todo aquello que sea posible procesaremos a aquellas personas que han incurrido en actos de abuso sexual contra nuestros menores’, subrayó Miranda al explicar que el pleito regresa al Tribunal de Primera Instancia en donde se determinará qué información pueden obtener las autoridades y cuáles no.

Sean víctimas menores de edad o mayores, la sentencia del Supremo aclara que las autoridades eclesiásticas no tendrán que entregar ningún documento sobre ‘cómo la Iglesia Católica y/o las personas que atendieron estos asuntos resolvieron los mismos’.

Se trata del primer caso publicado hasta ahora en el que haya intervenido la nueva jueza asociada Maite Oronoz, quien se unión a un bloque disidente que incluyó a los jueces, Luis Estrella, Anabelle Rodríguez, y la jueza presidenta Liana Fiol Matta y que, a su vez, disienten por razones distintas.

Este fallo ocurre a meses de revelarse casos de abuso sexual en la Diócesis de Arecibo, lugar donde el obispo, Daniel Fernández Torres, expulsó a por lo menos seis sacerdotes por esos delitos.

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