El liderato legislativo criticó severamente el martes la decisión del Tribunal Supremo en el caso que el Departamento de Justicia lleva en contra de la Diócesis de Arecibo de la Iglesia Católica por la entrega de los expedientes de los casos de abusos sexuales contra menores por parte de sacerdotes que la diócesis haya investigado.

‘El país tiene que estar unánime en que nadie puede estar por encima de la ley. Yo creo que cualquier subterfugio para esconder, o tapar, o manipular evidencia que sea fundamental para procesar a alguien que haya cometido esto (violación de menores de edad) es un pecado’, señaló el presidente del Senado, Eduardo Bhatia.

Para el Presidente del Senado la posibilidad de que la mayor cantidad de evidencia esté disponible para el encausamiento de las personas que hayan incurrido en actos criminales es la mejor garantía de que se habrá de castigar a los criminales, y eso es lo que la ciudadanía espera del estado.

‘En este momento, lo que el país quiere y espera de todas sus instituciones es que toda la información fluya, y se dejen de estar poniendo tantas barreras para que esa evidencia sea pública’, añadió Bhatia.

En su decisión, el Tribunal Supremo devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia con instrucciones específicas con las que el Departamento de Justicia deberá seguir para poder obtener la evidencia que requiere de la Diócesis de Arecibo. Entre estas instrucciones se encuentra el tener que demostrar que: las víctimas de abuso sexual son menores al momento de la denuncia del delito; que, en el caso de que el delito sea denunciado cuando la víctima ya es un adulto, ésta no tenga objeción a que se divulgue su caso; o bien, que no puede obtener la información que requiere mediante una forma menos onerosa.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, dirigió sus expresiones directamente a la Iglesia Católica y, aún cuando recalcó que respeta la decisión del Supremo en el caso, señaló que la Iglesia Católica ‘necesita mostrarse compasiva con quien más necesita, con quien menos protección tiene’.

‘Aquí lo más importante, al final del camino, es proteger la integridad de cualquier niño que haya sido abusado. Me parece que, más allá de la decisión del Tribunal Supremo, lo que yo le pido a mi iglesia –la Iglesia Católica – es que cualquier información que tengan de un adulto que haya abusado de un niño, es información que se debe entregar a las autoridades para proteger el mejor interés de quien necesita, más que nadie, de la protección de la Iglesia y del Estado, que son los niños en Puerto Rico’, dijo Perelló.

Las expresiones de los líderes legislativos tuvieron lugar luego de la ceremonia de juramentación de la nueva jueza asociada del Tribunal Supremo, la abogada Maite Oronoz Rodríguez, quien a la sazón emitió un voto disidente en el caso.

También presente en la ceremonia de juramentación estuvo la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, quien también se expresó en contra de la decisión.

‘A mí me parece que es una decisión totalmente equivocada que no toma en consideración la importancia que tiene esa información para la justicia de aquellos a quienes esos sacerdotes les han fallado. Es una decisión que parece, mas tallada de un libro del oscurantismo, que por un cuerpo que está llamado a que brille a justicia y el reclamo que tienen aquellos ciudadanos que por años, no solamente son victimizados por sus agresores, sino que son revictimizados en el proceso judicial’, dijo la Alcaldesa de la ciudad capital.

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